Banco Comercial de Tres Arroyos S.A. c/Recapar S.A.C.I.F. y otros s/Cobro ejecutivo
Ejecución de honorarios promovida por el letrado Juan B. Castro contra el Banco Comercial de Tres Arroyos S.A. La Corte rechazó el recurso extraordinario de nulidad por adecuada consideración de la excepción invocada, pero por mayoría hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley revocando la confirmación y ordenando la suspensión de la ejecución hasta la sentencia en la acción declarativa sobre la validez del convenio de honorarios.
¿Quién es el actor?
El abogado Juan Bautista Castro, mediante ejecución de honorarios.
¿A quién se demanda?
Banco Comercial de Tres Arroyos S.A. (entidad ejecutada).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro ejecutivo de honorarios regulados.
¿Qué se resolvió?
La Corte, por unanimidad en la primera cuestión, rechazó el recurso extraordinario de nulidad (se consideró que el art. 168 C. Pcia. no fue vulnerado porque la excepción de inhabilidad de título fue tratada). Por mayoría hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley, revocó la sentencia de la alzada y ordenó la suspensión de la ejecución hasta el dictado de la sentencia de mérito en la acción declarativa sobre la existencia, validez y efectos del convenio de honorarios; con costas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) Sobre la pretensión de nulidad (omisión de cuestión esencial):
"Mas esta denuncia carece de sustento. En efecto, de la lectura del fallo impugnado surge que la alzada deliberó sobre todos los agravios traídos a esa instancia, si bien con un resultado adverso al excepcionante. ... En consecuencia, se ha cumplido con lo dispuesto por el art. 168 de la Constitución provincial, pues la sentencia dio respuesta a las cuestiones planteadas..."
2) Sobre la inaplicabilidad de ley y la litispendencia/prejudicialidad (voto mayoritario que ordena suspensión):
"La validez del acuerdo firmado por las partes es la misma cuestión que se plantea en el marco de la ejecución, pues de no ser aquél apto prosperaría in totum la suma resultante de la regulación de honorarios que ahora se persigue. Iniciada una acción meramente declarativa mediante la cual se solicita un pronunciamiento sobre el derecho de un letrado a cobrar honorarios, se configura una situación de prejudicialidad que autoriza la suspensión de la ejecución intentada. Es por ello que se aprecian conculcados los arts. 322, 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 18 de la Constitución nacional. En consecuencia ... ordenándose la suspensión de la ejecución hasta el dictado de la sentencia de mérito en la acción declarativa."
3) Voto disidente relevante (resumen del fundamento de la minoría):
El señor Juez Hitters, en disenso con la suspensión, sostuvo que no se verifican las identidades exigibles para la litispendencia entre la ejecución y la acción declarativa y que la ejecución sólo pone a prueba la carencia documental indubitable del excepcionante; por ello propuso rechazar el recurso de inaplicabilidad y mantener la prosecución de la vía ejecutiva.
4) Bloque dispositivo final (mayoría manda):
"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General respecto al recurso extraordinario de nulidad, se lo rechaza. En cuanto al de inaplicabilidad de ley, por mayoría, se hace lugar al mismo, revocándose la sentencia impugnada, ordenándose la suspensión de la ejecución hasta el dictado de la sentencia de mérito en la acción declarativa; con costas (art. 289, C.P.C.C.). El depósito previo efectuado se restituirá al interesado."
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