Canale, Edilia Beatriz c/Pcia. de Bs. As. (IPS) s/Demanda contencioso administrativa
La actora promovió demanda contencioso administrativa para que se reconozca como cargo de mayor jerarquía el desempeño del causante como Subdirector del Cuerpo Médico Escolar y se liquide simultaneidad de servicios. La Corte hizo lugar parcialmente: anuló los actos administrativos que rechazaron el reconocimiento de la mayor categoría y ordenó el reajuste y pago de diferencias desde el 23-8-1990; rechazó el reclamo relativo a la equivalencia solicitada para la simultaneidad por falta de prueba.
¿Quién es el actor?
Edilia Beatriz Canale, en su carácter de conviviente del señor Juan Alberto Calandra.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires, por intermedio del Instituto de Previsión Social (I.P.S.).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
anulación de la resolución 357.823/16-XII-1993 que denegó el reconocimiento y pago de la prestación pensionaria en base al cargo de Subdirector desempeñado por el causante; liquidación de la simultaneidad de servicios en el Hipódromo de La Plata en base al cargo de Subdirector del Servicio Médico; impugnación también de la resolución 396.086/27-II-1997 que rechazó el recurso de revocatoria.
¿Qué se resolvió?
Se hace lugar parcialmente a la demanda. Se anulan los actos administrativos impugnados en cuanto negaron el reconocimiento de la mayor categoría desempeñada por el causante y se condena al I.P.S. a reajustar la pensión y abonar las diferencias desde el 23-08-1990 con los intereses fijados; se rechaza la pretensión respecto de la equivalencia solicitada para la simultaneidad por carecer la actora de prueba suficiente sobre la correlación pretendida. Costas a la orden causadas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"V. El caso trata sobre la determinación del haber jubilatorio del causante y su repercusión en el beneficio pensionario de la actora, razón por la cual la norma aplicable es la que se hallaba vigente al tiempo de operarse el cese en la actividad -ley 8587-, en cuyos términos se acordó el beneficio (arts. 93, ley 8587; 21, dec. ley 9650; doctr. causas B. 50.324, sent. 1-XI-1988; B. 51.201, 27-XII-1988; B. 50.448, sent. 7-II-1989, entre otras).
Dicho ordenamiento, en su art. 41 y en cuanto interesa al sub lite, dispone que “el haber mensual de la jubilación ordinaria..., será igual al 82% de la remuneración mensual asignada al cargo de que era titular el afiliado a la fecha de cesar en el servicio o en el cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado... se requerirá haber cumplido en el cargo un período mínimo de doce meses consecutivos...”.
La accionante invoca que el señor Calandra desempeñó funciones de mayor jerarquía -Subdirector del ex Cuerpo Médico Escolar- que las propias de su cargo de revista, cuya efectiva prestación entre los años 19-II-1942 y 26-VIII-1943 fue certificada por la Dirección General de Escuelas del que dependía y reconocido tanto por Asesoría General de Gobierno como por la Fiscalía de Estado, la Comisión de Prestaciones y el Directorio del Instituto demandado que no le reconocen el pedido por no tener acto de designación más no por no haber desempeñado las funciones (v. fs. 568/572, fotoc. expte. adm. cit.).
Aunque no se acreditó la existencia de acto administrativo que avalara dicho ejercicio funcional, puesto que la documentación agregada no aportó elementos ciertos al respecto, la decisión del organismo previsional, en cuanto rechazó la pretensión por no haber sido investido el interesado del cargo por acto emanado de autoridad competente y decidió acerca de su situación previsional sobre la base de la real y efectiva situación de revista durante su actividad, no se ajusta al criterio con el que debe interpretarse la norma aplicable, desde que ésta no exige acto expreso y formal de designación en el cargo de mayor jerarquía dado que su texto, según quedó visto, expresa “cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado”.
Esa conclusión, que surge de las palabras utilizadas por el legislador ponderadas a la luz de los principios de interpretación amplios que la finalidad de la materia regulada impone, guarda armonía con la distinción que ha efectuado el Tribunal entre la situación de un agente que ingresa al cargo sin título válido al que se le niegan los derechos emergentes de ese estado (causas B. 47.669, “Guidi”, 17-IV-1979; B. 47.666, “Silva”, 29-V-1979; B. 47.840, “Repucci”, 11-XI-1980; B. 50.556, “Bartoli”, 21-VIII-1990) y la de aquél que encontrándose en el ejercicio de un cargo público es afectado al cometido de otro cargo o se le encomienda otra gestión (doctr. causas B. 49.504, “Herce”, sent. 2-IX-1986 y B. 50.556 cit.) supuesto en el que -en principio- cabe encuadrar a la situación de la demandante y con respecto al cual esta Corte ha ponderado el ejercicio efectivo de las funciones inherentes al cargo sobre cuya base se pretendía la determinación del haber, antes que la designación presupuestaria del agente. Ello de conformidad con el dato esencial que sustenta el sistema jubilatorio, a saber, la real prestación de servicios, siempre que se hubiesen cumplido de modo de permitir la liquidación de las retribuciones correspondientes (conf. causa B. 50.556 cit. y sus citas).
En mérito de los antecedentes del caso y fundamentos expuestos, juzgo que corresponde hacer lugar en este punto a la demanda, en tanto al denegarse la pretensión de ajuste del beneficio con fundamento en la falta de acto administrativo de designación, se ha opuesto un impedimento frente al derecho invocado que no se encuentra consagrado como exigencia -a los fines de la determinación del haber por desempeño de funciones correspondientes a un cargo de mayor jerarquía- por la norma aplicable (art. 41, ley 8587).
Resultando acreditado el ejercicio efectivo del cargo sobre cuya base la actora peticiona el incremento del haber pensionario, corresponde acceder a tal reclamo.
Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar a la demanda en punto a la pretensión de reconocimiento de la mayor categoría desempeñada por el doctor Calandra, anulando en consecuencia los actos administrativos impugnados y condenando a la demandada a reajustar el beneficio de pensión de la actora y a abonarle las diferencias que surjan de tal reconocimiento, desde el 23-VIII-1990, con intereses al 6% anual hasta el 31-III-1991 y desde dicha fecha se calcularán con la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561; 623, C. Civ.)."
"VI. ... En el caso el actor se ha limitado a sostener que los mecanismos establecidos por el decreto 2840/1985 resultan confiscatorios, discriminatorios e irrisorios no habiendo empero acreditado tales extremos (arts. 25, C.P.C.A. y 375, C.P.C.C.).
Ello por cuanto la única prueba aportada al respecto es una certificación expedida por la Empresa Hípica Argentina de la cual surge el monto del sueldo de un Sub Gerente de Servicios Médicos, constancia sobre cuya base la actora pretende la actualización de su beneficio jubilatorio (fs. 537, fotoc. expte. adm. cit.).
Dicha constancia, por sí, no acredita que la equivalencia que solicita sea la correcta, ni siquiera ha intentado demostrar que la adjudicada sea arbitraria. Sea ello por comparación de misiones y funciones de los cargos cuya equivalencia se ha establecido o por cálculo que demuestre que la suma resultante de aplicar el coeficiente del decreto 2840/1985 sobre la remuneración del cargo que ejerció arroje un haber que no garantice la movilidad de la prestación previsional que percibe.
Solo trae en su escrito inicial un cálculo de comparativo de haberes sin producir ninguna prueba respaldatoria de éste.
Siendo ello así su pretensión, en éste aspecto resulta inatendible (arts. 375 del C.P.C.C. y 25 del C.P.C.A.)."
(Voto mayoritario y dispositivo final confirman la solución arriba transcrita.)
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Leyes que cita
- Ley 23.928Convertibilidad del austral
- Ley 25.561Emergencia publica y reforma del regimen cambiario
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