Dirección General Impositiva s/Incidente de revisión en autos: Giangiordano, Juan. Concurso Preventivo
La Dirección General Impositiva promovió incidente de revisión en el concurso preventivo de Juan Giangiordano por créditos previsionales. La Corte rechazó el recurso extraordinario de nulidad al considerar que la Sala y el a quo abordaron las cuestiones de fondo y que las críticas sobre valoración probatoria y encuadre legal son impropias del recurso de nulidad.
¿Quién es el actor?
Dirección General Impositiva, como incidentista en el concurso preventivo.
¿A quién se demanda?
Juan Giangiordano, concursado.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Revisión/incidente promovido por la DGI respecto del reconocimiento de crédito proveniente de aportes al régimen de trabajadores autónomos.
¿Qué se resolvió?
La Corte, por unanimidad, rechazó el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la Dirección General Impositiva y condenó en costas (art. 298 C.P.C.C.).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes del fallo (texto original):
"En tales condiciones fácil se advierte que los planteos relativos al deficiente análisis de la prueba, a la forma de encarar la misma y, el disentimiento al encuadre legal, son temas ajenos al recurso extraordinario de nulidad y su reparación debe buscarse por vía del de inaplicabilidad de ley (conf. Ac. 33.445, sent. del 1-II-1985 en 'Acuerdos y Sentencias', 1985-I-20; Ac. 33.302, sent. del 23-VII-1985; Ac. 47.581, sent. del 22-IX-1992; Ac. 76.261, sent. del 29-VIII-2001; Ac. 81.162, sent. del 19-III-2003)."
"Es que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la inobservancia de las formalidades establecidas por los arts. 168 y 171, según lo establecido en el art. 161 inc. 3 letra b) de la Constitución de la Provincia, por lo que la denuncia de violación de otras normas constitucionales o legales, o la eventual arbitrariedad, son ajenas al mismo (conf. Ac. 71.654, resol. del 4-VIII-1998; Ac. 76192, resol. del 24-XI-1999; Ac. 78.692, resol. del 16-VIII-2000; Ac. 78.570, sent. del 19-XII-2001; Ac. 83.422, resol. del 13-II-2002; Ac. 86.803, resol. del 5-II-2003)."
Asimismo, la Corte reproduce el razonamiento del a quo sobre la insuficiencia documental para acreditar el crédito reclamado: "... el recurrente, como cualquier otro acreedor -art. 32 L.C.Q.-, debe acreditar fehacientemente la causa del crédito reclamado, agregando cuanto menos los títulos justificativos de su acreencia. Al respecto, entiendo, compartiendo el informe del síndico, que la documentación acompañada resulta insuficiente para probar circunstancias que resultan esenciales, tales como la inscripción y categoría del concursado en el respectivo régimen..." (v. fs. 58).
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