Clark, Antonio c/Provincia de Buenos Aires s/Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso-administrativa solicitando el reconocimiento de servicios fictos para cómputo jubilatorio por inactividad entre 12-04-1978 y 10-12-1983. La Corte hizo lugar a la demanda, anuló las resoluciones impugnadas y reconoció el cómputo del período invocado en aplicación de las leyes 11.729, 12.254 y 12.394, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de la Nación.
¿Quién es el actor?
Antonio Clark.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
reconocimiento de servicios fictos / cómputo de período de inactividad para fines jubilatorios correspondiente al lapso entre el 12-04-1978 y el 10-12-1983, en virtud de las leyes 11.729, 12.254 y 12.394.
¿Qué se resolvió?
Se hace lugar a la demanda, se anulan las resoluciones impugnadas y se ordena reconocer el derecho del actor a que se le compute como años de servicio el período de inactividad 12-04-1978 a 10-12-1983. Costas por su orden. Se regulan honorarios al apoderado del actor.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 30-VIII-2011, dejó sin efecto la sentencia dictada por este Tribunal el 26-XI-2008.
Para así decidir sostuvo que la estrictez en la interpretación de la exigencia impuesta por la ley 11.729 (modif. por ley 12.394) en punto a que el cese del agente se produjera dentro de los dos años posteriores al 24 de marzo de 1976 se traduce, en el caso, en un exceso ritual manifiesto toda vez que el proceso de apartamiento del señor Clark de sus funciones se inició con el pase a disponibilidad dispuesto meses antes, esto es, dentro del plazo legal.
Dijo, también, que el término establecido en la normativa que nos ocupa no debería aplicarse taxativamente pues ésta determina un marco que debe ser evaluado en cada caso particular. Así, señaló, que entender el plazo referido como una barrera limítrofe entre la concesión o no de un beneficio de naturaleza alimentaria, soslayando el pase a disponibilidad del agente dispuesto tres meses antes del agotamiento del mencionado lapso, importa alterar el objetivo para el que fue concebida la norma por el legislador y lleva, indefectiblemente, a eludir su fin último.
Finalmente, concluyó que no resulta razonable exigirle al peticionario -más de treinta años después y con una avanzada edad- que acompañe pruebas a esos fines, ya que esto resultaría de muy difícil cumplimiento y hasta contrario al espíritu del beneficio que pretende (con cita de Fallos 333:78)."
En síntesis, la Corte provincial aceptó la doctrina de la Corte Suprema de la Nación y, por mayoría, resolvió que corresponde reconocer el período de inactividad entre "12-IV-1978" y "10-XII-1983" para fines jubilatorios, en virtud de las normas citadas.
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