Chaparro, José Ricardo c/Municipalidad de Chivilcoy -Consejo Deliberante de Chivilcoy- s/Demanda contencioso administartiva
El actor promovió demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de su cesantía dictada por el Concejo Deliberante y su reincorporación. La Corte hizo lugar a la demanda, declaró nulos los actos impugnados por incompetencia y vicio de la causa, ordenó la reincorporación y fijó indemnizaciones por daño material (25% de los haberes no percibidos) y daño moral ($3.000).
¿Quién es el actor?
José Ricardo Chaparro.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Chivilcoy y el Honorable Concejo Deliberante de Chivilcoy.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación de los actos administrativos (decreto 12/2-I-1996; resolución 12-I-1996; decreto 18/24-I-1996) que dispusieron la cesantía del actor como Analista Junior, su reincorporación, pago de haberes no percibidos y reparación por daño moral y “pérdida de chance” (montos reclamados $12.000 y $8.000).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda; se anulan los actos impugnados; se ordena la reincorporación del actor en su cargo dentro de los 60 días; por mayoría se condena a la demandada a pagar en concepto de daño material el 25% de los haberes dejados de percibir desde la separación hasta la reincorporación y en concepto de daño moral la suma de $3.000; costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) Sobre la competencia legal de la medida de reorganización:
"El mencionado art. 83 inc. 9 faculta al Presidente del Concejo Deliberante a 'nombrar, aplicar medidas disciplinarias y dejar cesantes a los empleados del Concejo con arreglo a las leyes y ordenanzas sobre estabilidad del personal...'. Por su parte, el segundo cuerpo legal citado estableció un régimen transitorio de redimensionamiento de estructuras y planteles de los municipios... y para disponer el cese por razones de buen servicio del personal que exceda la dotación necesaria para su eficaz funcionamiento administrativo... precisando el art. 26 el carácter no sólo excepcional sino exclusivo de aquéllas: 'Las atribuciones otorgadas por la presente ley al departamento ejecutivo son propias y exclusivas del mismo...'".
2) Sobre la ilegitimidad del acto y su nulidad:
"Ha mediado pues una aplicación infundada de las citadas normas por parte del Presidente del Concejo Deliberante cuando decidió la cesantía en cuestión, razón suficiente para descalificar el acto respectivo por vicio en la competencia del órgano y en la causa, lo que provoca su nulidad (doc. art. 240, L.O.M.)."
3) Sobre la reparación y presunción de daño:
"El reclamo de las remuneraciones devengadas... constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio material ocasionado por el cese ilegítimo... ese daño se presume (an debeatur) por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad... En cuanto a la reparación del daño moral... la presunción de su existencia y, por ende, a su procedencia... en los casos en que, como en éste, se ha llegado a la conclusión de que un agente estatal ha sido dado de baja ilegítimamente..."
4) Sobre cuantificación del daño (mayoría en el acuerdo):
"En cuanto al monto de la indemnización en concepto de daño material, juzgo que debe ser equivalente al veinticinco por ciento (25%) de los salarios no percibidos por el actor desde la separación y hasta su efectiva reincorporación... En cuanto al daño moral... considero apropiado el monto de tres mil pesos ($ 3000)."
5) Bloque dispositivo final (mayoría):
"Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se hace lugar a la demanda interpuesta, anulándose los actos administrativos impugnados y condenando a la demandada reincorporación del actor... Asimismo se condena, por mayoría, a abonarle en concepto de daño material, el 25% de los haberes dejados de percibir desde la separación y hasta la efectiva reincorporación en el cargo... y en concepto de daño moral la suma de 3000 pesos... Costas por su orden (art. 17, C.P.C.A.)."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto que encabeza (Dr. de Lázzari) sostuvo la nulidad por falta de competencia del Concejo al aplicar la ley 11.685; hubo distintos votos concurrentes y discrepancias respecto al alcance de la presunción del daño y su cuantificación. El acuerdo final siguió la solución propuesta por el voto de Lázzari en cuanto a nulidad y reincorporación; la cuantificación de indemnización se adoptó por mayoría en los términos indicados (25% material y $3.000 moral).
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