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Tribunal Superior

Carobene, Alberto J c/Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/Demanda contencioso administrativa

El actor promovió acción contencioso-administrativa reclamando la suspensión de descuentos practicados sobre su haber previsional por un “cargo deudor”. La Corte, por mayoría, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó la suspensión del descuento sobre los haberes de Carobene hasta sentencia definitiva, previa caución juratoria.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-60853
Contencioso administrativo Medida cautelar Jubilacion Cargo deudor Via de hecho I.p.s. Art. 50 dec. ley 9650/1980 Periculum in mora Caucion juratoria Suspension de descuentos

¿Quién es el actor?

Alberto Juan Carobene.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, Instituto de Previsión Social (I.P.S.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugnan las resoluciones del I.P.S. (25-III-1999 y 9-IX-1999) que desestimaron el pedido de restablecimiento del monto del haber previsional percibido en noviembre de 1997 y que confirmaron un “cargo deudor” por $11.959,11; se solicita la suspensión de la ejecución de dichos actos (medida cautelar) por el descuento mensual practicado sobre la jubilación.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, la Corte declaró procedente la medida cautelar y ordenó la suspensión, con carácter cautelar, del descuento que el I.P.S. realiza sobre los haberes previsionales del señor Alberto Juan Carobene en concepto de “cargo deudor”, desde la notificación y hasta tanto recaiga sentencia definitiva, previa caución juratoria del actor para responder por daños y perjuicios que pueda causar la medida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El Instituto de Previsión Social abonó la jubilación del hoy actor del mes de noviembre del año 1997, con una reducción de $ 509,99 en relación a la percibida en el inmediato anterior (10/1997), y que ascendía a $ 2229,98. El descuento materialmente concentrado no se fundamentó en norma ni acto administrativo alguno, ni fueron puestos en oportuno conocimiento del señor Carobene los motivos que originaban la reducción de su haber. Ello impone establecer, bien que con una visión provisional, si al obrar de tal modo el ente público ejerció algún título jurídico válido o si, en caso contrario, su conducta ha configurado una “vía de hecho”, en los términos del art. 109 del dec. ley 7647/1970."

"El art. 50 del dec. ley 9650/1980 (t.o. 1994) establece que: 'Los importes de las prestaciones establecidos en esta ley son móviles y deberán ser actualizados de oficio por el Instituto de Previsión Social dentro de los sesenta (60) días de sancionada la norma legal que haya dispuesto las modificaciones de los sueldos del personal en actividad'. Parece evidente que se trata de una norma que no opera, de suyo, la inmediata adecuación de las prestaciones... El desarrollo aplicativo que la ley pone en manos de la entidad previsional, supone, al menos, el dictado por su parte de un acto administrativo, a través del cual se declare la pertinencia de la 'actualización' del haber previsional y, en su caso, se individualice la norma que habilitó la modificación remuneratoria del cargo activo correlativo."

"Queda acreditado en consecuencia, prima facie, y en el marco de provisionalidad propio de los despachos cautelares, que el Instituto de Previsión Social, al proceder a la directa reducción del haber previsional del actor a partir del mes XI-1997, sin el previo dictado del acto administrativo habilitante y con aparente incumplimiento de los plazos establecidos al efecto (art. 50, dec. ley 9650/1980), ha incurrido en una vía de hecho (art. 109, dec. ley 7647/1970), por lo que la verosimilitud del derecho del actor, en orden al dictado de una medida cautelar, queda suficientemente configurada en el caso."

¿Cómo votaron los jueces?

A la cuestión de procedencia de la cautelar votaron afirmativamente los doctores Soria, Hitters, Negri y Salas y Kogan (mayoría). Disintieron de Lázzari, Roncoroni y Genoud respecto de la procedencia. Sobre el alcance, la mayoría acompañó la suspensión del descuento y la exigencia de caución juratoria. La solución adoptada corresponde al bloque dispositivo final por mayoría.

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