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Tribunal Superior

Balbo, Herminia S. c/Provincia Buenos Aires (IPS) s/Demanda contencioso administrativa

La actora promovió demanda contencioso-administrativa para obtener la actualización monetaria e intereses por sumas abonadas a valores nominales por correlación de cargos (período 1-IV-86 al 30-X-87). La Corte hace lugar a la demanda, anula las resoluciones impugnadas y condena al Instituto de Previsión Social a pagar la suma que resulte de la liquidación conforme al índice del INDEC e intereses, con costas a cargo de la demandada por mayoría.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-53342
Contencioso administrativo Actualizacion monetaria Intereses Instituto de prevision social Ley 10.575 Indec Correlacion de cargos Allanamiento de la fiscalia de estado Costas Anulacion de actos administrativos.

¿Quién es el actor?

Herminia Sara Balbo, por apoderado.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, Instituto de Previsión Social.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de las resoluciones del Directorio del Instituto de Previsión Social de fecha 17-VIII-89 y 14-VI-90 que rechazaron el pedido de actualización monetaria y el recurso de revocatoria, y condena al pago de la actualización e intereses de las sumas percibidas a valores nominales por la correlación de cargos operada por aplicación de la ley 10.575 (período 1-IV-86 al 30-X-87), más intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda, se anulan los actos impugnados y se condena al Instituto de Previsión Social a abonar a la actora la suma que resulte de la liquidación que, ajustada a las pautas indicadas, se practique, dentro de los treinta días de quedar firme la misma. Por mayoría, las costas se imponen por su orden. Se difiere la regulación de honorarios hasta la aprobación de la liquidación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El allanamiento formulado por la Fiscalía de Estado se encuentre autorizado por resolución del Directorio del Instituto de Previsión Social (fs. 14) y no resulta contrario al orden público (arts. 15, dec. ley 7543; 307, C.P.C.C. y 25, C.P.C.A.), por lo que debe ser admitido.

Por consecuencia, corresponde anular las resoluciones impugnadas y condenar al Instituto de Previsión Social a abonar a la actora los importes adeudados por actualización monetaria e intereses de las sumas liquidadas, en concepto de la correlación de cargos operada por aplicación de la ley 10.575, a valores nominales, correspondientes al período 1-IV-86 al 30-X-87. La actualización se realizará de conformidad con el índice de precios al consumidor -nivel general- que publica el INDEC desde que cada cuota se devengó y hasta el 31-III-91 (conf. art. 8, ley 23.928). Al importe así actualizado, deberá adicionársele el correspondiente a los intereses, que se calcularán -hasta esa fecha- a una tasa del 6% anual. Desde ese momento, los intereses se liquidarán a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el pago efectivo (arts. 8, ley 23.928; 622, C.C.; causas Ac 43.448, 'Cuadern' y Ac. 43.858, 'Zgonc', ambas sents. 21-V-91).

A la suma así obtenida deberá descontársele la correspondiente a los abonado a valores nominales, que se actualizarán mediante igual procedimiento desde que se hizo efectivo el pago hasta la fecha indicada en el párrafo anterior.

El importe que resulte de la liquidación que con tales pautas se practique, deberá abonarse dentro de los treinta días de quedar firme la misma (arts. 163 inc. 6 y 7; 25, C.P.C.A.).

Las costas se imponen a la demandada (art. 17, C.P.C.A.)."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Dr. Negri propuso hacer lugar y fijó pautas de actualización y liquidación. El Dr. Pisano adhirió al voto de Negri salvo en costas, proponiendo imponerlas por su orden; los Dres. Rodríguez Villar, Vivanco, Mercader y Laborde adhirieron al voto de Pisano. El dispositivo final confirma el allanamiento y la condena, e impone las costas por su orden por mayoría.

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