LABORAL TARIFADA POR ACCIDENTE DE TRABAJO: RAMON GUTIERREZ c/ AN-DRES MARGARITO , CASAS PAREDES y CELIA BARCO DE PAREDES
El actor demandó por accidente de trabajo reclamando prestaciones conforme a la ley 24.557. La Sala II del Tribunal del Trabajo rechazó la demanda, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 12 inc. 1°, 21, 22 y 46 de la ley 24.557 y absolvió a una de las demandadas por falta de legitimación.
¿Quién es el actor?
Ramón Gutiérrez, representado por el Dr. Enrique Miguel Mallagray.
¿A quién se demanda?
Andrés Margarito Paredes y Celia Barco de Paredes (Casa Paredes).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Pretensión por accidente de trabajo con fundamento en la ley especial (Ley 24.557) por infortunio ocurrido el 20/5/2008; reconocimiento de incapacidad y prestaciones dinerarias.
¿Qué se resolvió?
1) Declaró la inconstitucionalidad de los arts. 12 inc. 1º, 21, 22 y 46 de la ley 24.557.
2) Hizo lugar a la excepción de falta de legitimación interpuesta por Celia Barco de Paredes (quedó exceptuada).
3) Rechazó la demanda deducida por Ramón Gutiérrez contra Andrés Margarito Paredes por accidente de trabajo.
4) Diferió la regulación de honorarios. 5) Costas a la actora, salvo en lo referido a la falta de legitimación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
(transcripción literal de los párrafos más relevantes del fallo)
"Si tenemos en cuenta que la situación de un trabajador accidentado tiene a nivel constitucional, una doble gravedad, en tanto se encuentran comprometidos los derechos de una persona que tiene especial tutela no sólo como trabajador (art. 14 bis CN) sino también como discapacitado (art. 75 inc. 23 CN), no cabe mas que considerar que el promedio de las remuneraciones anteriores al accidente o manifestación invalidante resulta lesiva para los intereses del mismo.
Actualmente, pretender que el trabajador accidentado cobre el salario de un año anterior al accidente, es tanto como condenarlo a sobrevivir con ingresos inferiores a los indispensables, agravando desproporcionada-mente la desigualdad que existe entre el sano y el enfermo en perjuicio de aquel que socialmente debe protegerse.
Ello así porque sin lugar a duda el régimen de la ley tuvo en cuenta pautas económicas –estabilidad monetaria- que si bien en ese momento podían parecer la regla, no han sido en los últimos treinta años más que una excepción. Por ello nadie puede pensar o sostener que la norma fue redactada y aprobada por el Congreso previendo que, en caso de inflación galopante, resulte correcto y equitativo pagar al accidentado sumas que ya han perdido su valor económico.
En dicho marco conceptual, entiendo, debe declararse la inconstitucionalidad del art. 12 de la LRT, en cuanto considera que el ingreso base surge del promedio correspondiente a los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante o al tiempo de prestación de servicio, debiendo tomarse, a los fines de la liquidación, como base de cálculo la remuneración de la actora a la fecha de la determinación de la incapacidad por la perito médica, o sea el 21-11-2012, incluyendo, de corresponder, las sumas "no remunerativas", conforme los fundamentos esgrimidos en Expte. N° C-008766/13: caratulado: “Riesgo de Trabajo: Mamaní, Eusebia c/ Galeno Aseguradora de Riesgo de Trabajo”, los que doy por reproducidos."
"Sobre el accidente no surge duda que el mismo se produjo en el lugar, forma y circunstancias que relata el actor en su escrito de demanda. En efecto TRONCOSO (enfermero del Hospital de Palpalá) dice que el lo recibió al actor cuando se accidentó, que lo llevaron personal de PAREDES y que le comentaron del accidente; RUIS MORALES expresó que el actor nunca fue empleado, que trabajaba esporádicamente en los negocios de PAREDES, que entró sin estar autorizado y se accidentó, que el lugar tenía buena iluminación.
Ello es más que suficiente para tener por acreditado el siniestro, sin olvidar que nuestra SCJN tiene decidido (JA, 1949-I-571) que a falta de antecedentes que permitan excluir la relación de causa a efecto y en presencia, por el contrario, de otros que autoricen a admitirla, corresponde declarar la existencia del accidente indemnizable. En caso de duda debe presumirse la relación entre el daño y la tarea, estando a cargo del principal desvirtuar tal conclusión (“Colqui c/ Edeco, Fallos 1965-I-79, publicado en Fallos del Tribunal del Trabajo de Jujuy, Repertorio 1957-1966)."
"El perito médico Dr. RUBEN RIVERA a fs. 479/485 y a fs. 509/511 nos informa que “con relación a los hechos objeto de la demanda no se puede determinar si padece de discapacidad funcional desde lo físico y síquico” y más adelante agrega “que ya es portador superior de un 50 % de una discapacidad mental de carácter parcial y permanente de acuerdo a los antecedentes y fuera parte del retiro de la fuerza de seguridad de la provincia de Jujuy”.
Habiendo tenido a la vista el Expte. Nº B-143841/05 ... vemos que el actor ... como consecuencia de un accidente ... se le indemniza una incapacidad específica para seguridad y defensa del 100 % de la t.o. ... Entonces tenemos que el demandante ya había sido indemnizado por una incapacidad específica del 100 %, que se encontraba incapacitado para realizar cualquier tarea rentada ... Todo lo hasta aquí expuesto nos lleva inevitablemente a propiciar el rechazo de la demanda."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Masacessi (presidente) y Chazarreta y Guzmán votaron conforme; no consta disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
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