Mendoza, Serafín c/Comisión Municipal de Huacalera s/riesgo de trabajo
El actor promovió demanda por accidente de trabajo solicitando prestaciones dinerarias y en especie por incapacidad total, permanente y gran invalidez. La Sala II del Tribunal del Trabajo hizo lugar a la demanda, condenó a la Comisión Municipal de Huacalera al pago único de $2.920.516,97 más prestaciones mensuales vitalicias del art.17 LRT y ordenó la provisión permanente de prestaciones en especie y un plan de recalificación profesional.
¿Quién es el actor?
Sr. Serafín Mendoza.
¿A quién se demanda?
Comisión Municipal de Huacalera.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Prestaciones dinerarias y en especie previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) por incapacidad total, permanente y gran invalidez derivada de accidente de trabajo ocurrido el 15/01/2014; reintegro de gastos médicos; recalificación profesional; provisión de elementos y asistencia médica y farmacéutica.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda. Se condenó a la demandada a abonar en un único pago $2.920.516,97 (con intereses a tasa activa desde el 15/01/2014 hasta su pago efectivo), a pagar mensualmente y de forma ininterrumpida la prestación prevista en el art. 17 LRT en forma vitalicia, a reintegrar $2.419,15 por gastos médicos, a proveer prestaciones previstas en art. 16 (asistencia médica, farmacéutica, seguimiento psicológico, silla de ruedas eléctrica renovable, insumos para evitar escaras, 4 pañales diarios, sondas vesicales, fisioterapia) en forma permanente y vitalicia, y a realizar un plan de recalificación profesional conforme Resolución 216/2003 SRT. Imposición de costas a la demandada y regulación de honorarios ($584.103 y $38.940).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que el planteo relativo a la innecesidad de agotar la instancia administrativa previa debe prosperar en tanto conforme lo dijéramos en reiteradas oportunidades, la pretensión de agotar los trámites ante la Comisión Central y en definitiva ante el juez federal ya ha sido resuelta por la CSJN en el caso Castillo y Obregón, en los que, finalmente la Corte declaró que resulta inconstitucional exigir procedimientos previos ante las comisiones, ya que imponer a la víctima el paso por una vía administrativa previa significaba retrasar injustificadamente el acceso a la justicia (...) propongo se haga lugar al planteo de la actora en relación a la inconstitucionalidad de los artículos 21, 22, 46 y concordantes de la LRT en tanto imponen trámites administrativos previos al acceso a la jurisdicción ya que contrarían derechos humanos fundamentales como lo es el acceso a la tutela judicial efectiva (art. 75 inciso 22 C.N. y 8 del Pacto de San José de Costa Rica)."
"Que el actor era empleado de la Comisión Municipal demandada y que el día 15 de enero de 2014 mientras desarrollaba sus tareas habituales se cayó desde un poste del alumbrado público. (...) Habiéndose comprobado tales hechos, resulta irrelevante la invocación de la demandada de que el siniestro ocurrió por culpa de la víctima, pues para eximirse de responsabilidad debió acreditar dolo y/o fuerza extraña al trabajo, ninguno de los extremos fueron acreditados, ni siquiera invocados como eximentes. Por lo demás, el hecho de que no tuviera los elementos de seguridad adecuados no hace más que reforzar la responsabilidad en cabeza de la empleadora, quien tenía el deber de proveerlos y, además, controlar que fueran utilizados. En base a ello no puede sino concluirse de que el sufrido por el actor fue un accidente de trabajo en los términos del art. 6 de la LRT."
"Asimismo, según informó el perito médico designado en autos, el actor sufre de 'paraplejía espástica (100% según baremo), incontinencia anal (30%); vejiga neurogénica postraumática (30%); TEC con perdida de conciencia y síndrome post contusional (20%) y trastorno de ansiderad generalizada RVAN grado II (20%), concluyendo que el Sr. Mendoza tiene un “100% de incapacidad laboral total, permanente y definitiva-Presenta gran invalidez'. Dictamen que en el punto no mereció observaciones de las partes, por lo que debe tenerse por comprobado que el actor debe considerarse un gran inválido."
Bloque dispositivo final (extracto):
"I.- Hacer lugar a la demanda y en consecuencia condenar a la Comisión Municipal de Huacalera a abonar al Sr. Serafín Mendoza: a) en un único pago la suma de $2.920.516,97 suma que a partir del día de la fecha y hasta su efectivo pago seguirá devengando intereses a tasa activa según lo considerado en la presente; b) a abonar mes a mes y en forma ininterrumpida y hasta el fin de sus días, la prestación prevista en el art. 17 LRT... Y condenar a la demandada a reintegrar al actor la suma de $2.419,15, en concepto de reintegro de gastos médicos.
II.- Condenar a la demandada a proveer al Sr. Serafín Mendoza las prestaciones previstas en el art. 16: inciso a) Asistencia médica y farmacéutica y seguimiento psicológico...
III.- Condenar a la demandada a realizar el plan de recalificación profesional del actor...
IV.- Imponer las costas a la demandada vencida (artículo 95 CPT).
V.- Regular los honorarios de los Dres. Ramiro San Juan y Ramón Eduardo Lobo en las sumas de $584.103 y $38.940, respectivamente."
¿Cómo votaron los jueces?
unanimidad (Dra. Montes expone fundamentos; Dres. Herrera y Masacessi adhieren). No hay disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
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