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Cámara de Apelaciones

Demanda laboral por cobro de indemnización por accidente de trabajo: ZERDA, Héctor Ramón c/ ESTADO PROVINCIAL

El actor promovió demanda laboral contra el Estado Provincial por cobro de indemnización por incapacidad derivada de un accidente ocurrido el 18/01/2001. La Sala I del Tribunal del Trabajo rechazó la demanda por estar prescrita la acción, entendiendo que el plazo bianual venció antes de la interposición de la demanda.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal del Trabajo-Sala I (JUJUY)
Fuero
Tribunal del Trabajo-Sala I
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
b-211736/2009
Prescripcion Accidente de trabajo Ley 24.557 Incapacidad Retiro por invalidez Plazo bianual Interrupcion/suspension Notificacion Costas Honorarios

¿Quién es el actor?

HÉCTOR RAMÓN ZERDA, representado inicialmente por el Dr. Miguel Ángel Rivas (h) y posteriormente por el Dr. Ariel Fernando Contreras.

¿A quién se demanda?

ESTADO PROVINCIAL (representado por la Procuradora Fiscal Dra. Fernanda Alderete y Fiscalía de Estado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de indemnización por incapacidad laboral derivada de accidente de trabajo ocurrido el 18/01/2001 (incapacidad reconocida por Junta Médica: 100% para seguridad y 30% para actividad civil), intereses y costas, en virtud de la Ley 24.557.

¿Qué se resolvió?

Hacer lugar a la defensa de prescripción opuesta por el Estado Provincial y, en consecuencia, rechazar la demanda; imponer las costas al accionante y regular honorarios de letrados y perito.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales la Ley Nº 24.557, establece que el plazo de prescripción de dos años, comienza en la fecha en que la prestación debió ser pagada o prestada y, en todo caso, desde el cese de la relación laboral (arts. 43, ap. 1 y 44, ap. 1).

Sobre el particular, tiene decidido reiteradamente nuestro Superior Tribunal de Justicia que : '… el análisis debe partir, en cada caso concreto y según sea la prestación que se reclama o es debida, sea esta en especie o en dinero, para determinar desde cuando es exigible y, a partir de allí, comienza el cómputo del término de la prescripción de la acción, sin perder de vista que el instituto que nos ocupa es de interpretación restrictiva, por lo que en caso de duda, debe estarse a favor del trabajador y de la vigencia de la acción planteada (cftr. Sup. Corte de Mendoza, 26/8/2002, “Vera, Juan Carlos v. Termas Villavicencio SAIC s/ enf. accid.”, LS311).'

En el caso, donde se reclama el pago de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley 24.557, si bien la Junta Médica Provincial se expide el 25 de octubre de 2001 dictaminando respecto del Sr. HÉCTOR RAMÓN ZERDA: 'NO APTO PARA SEGURIDAD Y DEFENSA – INCAPACIDAD DEL CIEN POR CIEN PARA SEGURIDAD Y DEFENSA – INCAPACIDAD DEL TREINTA POR CIENTO PARA LA ACTIVIDAD LABORAL CIVIL – PATOLOGÍA RELACIONADA CON EL HECHO OCURRIDO EL DIA 18-01-2001…' (fs. 10 de autos), no existen constancias de notificación fehaciente al trabajador y, por ende, del conocimiento certero que tuvo del dictamen.

Luego, en el supuesto previsto en la última parte del art. 44 de la citada ley y siendo que en el caso la relación laboral se extinguió por el cese en el servicio activo del Sargento Ayudante Héctor Ramón Zerda, por encontrarse comprendido en las previsiones del art. 14º, inc. K) en concordancia con el art. 22º, inc. b) de la Ley 3759/81 de Retiros y Pensiones del Personal de Seguridad (Retiro Obligatorio por Invalidez), dispuesta mediante Decreto Nº 4762 del 25 de febrero de 2002, cuya copia obra agregada a fs. 17 de autos y que fuera notificada el 20 de marzo de 2002 al accionante (fs. 17 vuelta), es partir de allí que comienza el cómputo del plazo bianual previsto en la ley específica, porque es el momento en que el trabajador tiene un conocimiento cierto y susceptible de apreciación de las secuelas del accidente.

Siendo ello así y analizando el reclamo efectuado por el actor mediante nota de fecha 26 de julio de 2002 agregada a fs. 24/25, si lo tomamos como una demanda en sentido amplio (art. 3986, primer párrafo del Código Civil, vigente a la fecha de los hechos), interrumpió el curso del plazo prescriptivo y a partir de allí vuelve a comenzar el cómputo de dos años, en consecuencia, el término se cumplió el 27 de julio de 2004.

En cambio, si al mismo reclamo y en virtud de lo establecido en el art. 9, segundo párrafo de la LCT, lo consideramos como una intimación de pago o constitución en mora del deudor, realizada en forma auténtica, a tenor de lo dispuesto en el art. 3986, párrafo 2º del citado Código Civil, tiene el efecto de suspender '…sólo… durante un año…', el plazo en cuestión, con lo que el término se cumplió el 20/03/2005.

En cualquiera de los supuestos, el reclamo administrativo previo realizado por el accionante el 05/11/2007 (fs. 21/22), carece de efectos a los fines que analizamos pues, el término de prescripción se encontraba ya cumplido, con mayor razón a la fecha de interposición de esta demanda promovida el 18/06/2009 (ver fs. 33 vuelta y 34 de autos), por lo que cabe acoger la defensa de prescripción de la acción opuesta por el Estado Provincial y en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta, sin más consideraciones."

¿Cómo votaron los jueces?

La Dra. Albornoz votó por la solución expuesta; los Dres. Domínguez y Chazarreta adhieren al voto que antecede. El bloque dispositivo final confirma el rechazo por prescripción.

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