DAÑOS Y PERJUICIOS: TOLABA, EXALTACION C/ ESTADO PROVINCIAL
La actora promovió demanda por daños y perjuicios por mala praxis quirúrgica en un hospital público. La Cámara rechazó la excepción de incompetencia opuesta por el Estado Provincial y sostuvo la competencia del fuero Civil y Comercial, imponiendo costas a la parte incidentista y difiriendo regulación de honorarios.
¿Quién es el actor?
Sra. Exaltación Tolaba, en su carácter de curadora ad litem del Sr. Carlos Ángel Tolaba.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial de Jujuy.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción resarcitoria por daños y perjuicios derivados de una mala praxis en una intervención quirúrgica de vesícula realizada en el Hospital Pablo Soria en octubre de 2012.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el incidente de excepción de incompetencia por materia planteado por el Estado Provincial; se impusieron costas a la parte incidentista; se difirió la regulación de honorarios hasta resolución del fondo; notificación por cédula.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En el caso de autos la parte actora promueve demanda por daños y perjuicios en contra del Estado Provincial requiriendo una justa indemnización como consecuencia de una mala práctica llevada a cabo al momento de realizarle una intervención quirúrgica de vesícula al Sr. Carlos Ángel Tolaba en el Hospital Pablo Soria en octubre de 2012.
Siendo así y sin analizar el acierto de la vía elegida ni la procedencia de la acción incoada, la competencia para dirimir esta contienda, no puede ser otra que la que en forma residual, confiere la ley Nº 4055 a la Cámara en lo Civil y Comercial para los procesos que se inauguran con la acción ordinaria (art. 70 de la ley 4055 y art. 287 del Código Procesal Civil).
Sumado a lo antes expuesto, recientemente la Sala I del Superior Tribunal de Justicia, en sentencia pronunciada el 05 de agosto de 2016 –registrada en L.A. Nº 1, Fº 154/157, Nº 50- rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial en contra de la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial – Vocalía 6, en un planteo similar al que nos convoca.
Para ello el Alto Cuerpo, dijo que “…entiendo que es acertada la resolución del Tribunal a quo cuando sostiene que la responsabilidad que genera el deber de no dañar a otro se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso. Cabe considerar que el daño no es una consecuencia del ilícito, sino un elemento constitutivo por lo tanto, la “obligación de resarcir” es una relación jurídica que se establece entre la víctima y el responsable, en razón de ley, cuando se reúnen los presupuestos de hecho necesarios para que se configure, uno de los cuales es el daño, sin el cual la obligación de resarcir no nace (...) Tal planteo resulta erróneo porque dicha normativa no asigna ni fija una competencia distinta de la natural y reglada en el ámbito provincial porque, justamente, la atribución jurisdiccional para resolver conflictos sobre dicha materia de derecho común es facultad exclusiva de las provincias (...) La competencia, entonces, para dirimir esta contienda no puede ser otra que aquella que la Ley 4.055 Orgánica del Poder Judicial consagra en forma residual a los Tribunales Civiles y Comerciales de la Provincia para los procesos que no tuvieran designada otra competencia y se sustanciará por los trámites del juicio ordinario oral (Arts. 70 Ley 4055 y 287 del Código Procesal Civil)…” (sic.)."
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