Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nº C-011.270/2013 (Tribunal Contencioso Administrativo –Sala II– Vocalía 4) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Mansilla Estela Beatriz y Espinoza Mirta del Valle c/ Estado Provincial
Las actoras reclamaron reconocimiento y pago de diferencias salariales por recategorizaciones administrativas y modificación del encuadramiento legal. La Sala III del STJ rechazó el recurso de inconstitucionalidad y confirmó la sentencia de fecha 17/05/2016 por haber consentido las rejerarquizaciones y hallarlas consolidadas, difiriendo la regulación de honorarios hasta existir base económica firme.
¿Quién es el actor?
Sras. Estela Beatriz Mansilla y Mirta del Valle Espinoza, representadas por el Dr. Aníbal Massaccesi.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reconocimiento y pago de diferencias salariales derivadas de recategorizaciones/rejerarquizaciones administrativas (solicitando reclasificaciones en categorías distintas a las acreditadas en los decretos) y accesorios previsionales.
¿Qué se resolvió?
Rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de fecha 17/05/2016 que había rechazado la acción; confirmó la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo; impuso costas a la parte vencida y diferió la regulación de honorarios del apoderado hasta existir base económica firme.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Esas pretensiones no pueden ser acogidas porque el Decreto Nº 4687-BS-05, de fecha 28 de diciembre de 2005, ha generado una situación jurídica que se encuentra consolidada. Tan es así que las siguientes recategorizaciones de las que fueron beneficiadas las Sras. Mansilla y Espinoza, han partido de la categoría 17 y 2 respectivamente, conforme se desprende de las certificaciones de servicios que obran en autos.
No caben dudas que las recurrentes han consentido los decretos por los cuales se dispusieron dichos ascensos, por no haberlos objetado en su momento, siendo extemporáneo el cuestionamiento transcurridos más de cinco años desde aquella fecha.
En otros términos, la Administración dispuso las rejerarquización en los años 2004 y 2012, sometiéndose las recurrentes al régimen vigente, y por ende a los correspondientes plazos de impugnación, por lo que resulta improcedente su cuestionamiento posterior.
Así las cosas, no es desacertada la conclusión del a quo. Al no haber impugnado las actoras las categorías escalafonarias que le fueran concedidas 'consintieron las mismas sin que pueda este Tribunal inmiscuirse en esta cuestión sin violentar el principio republicano de gobierno'.
Por las mismas razones, el requerimiento de diferencias salariales, accesorios y aportes previsionales proporcionales, resulta también improcedente."
Asimismo, el tribunal reiteró el estándar sobre arbitrariedad y la carga del recurrente:
"La arbitrariedad no constituye una causal autónoma de procedencia de este recurso, si no media en la sentencia definitiva una grave violación de las garantías constitucionales, una absurda estructuración lógica del fallo, o una subsecuente y notoria injusticia; en menos palabras: la violación a normas constitucionales del debido proceso. De ahí que quien invoque arbitrariedad de la sentencia basada en su incongruencia, su autocontradicción, ausencia de base normativa, fundamentación aparente, o ausencia de fundamentación, debe indicar, además de la presencia de tales agravios y orfandades, concretamente y de qué manera han sido atacadas y maltrechas normas constitucionales (L.A. Nº 44, Fº 694/695, Nº 280)."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Baca (voto principal), Bernal y De Falcone (adhieren). El dispositivo final del tribunal es unánime en el rechazo del recurso y en diferir la regulación de honorarios.
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