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Tribunal Superior

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en 193/15 (Tribunal en lo Criminal Nº 2) B., C. A. B. Homicidio calificado. Ciudad (ex Expte. Nº P-94.838. Fiscalía de Investigación Penal Nº 7. Sumario Policial Nº 1503-C/15)

La Fiscalía acusó a C. A. B. B. por homicidio agravado por el vínculo derivado de heridas por arma blanca que produjeron el deceso de H. G. C. El Superior Tribunal dejó sin efecto la sentencia de condena por deficiente valoración de la prueba médico-forense, absolvió a la imputada y ordenó su inmediata libertad por beneficio de la duda.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
PE-12519/2016
Homicidio agravado Legitima defensa Prueba pericial Traumatismo encefalo craneano Hematoma subdural Valoracion de la prueba Nulidad por insuficiencia probatoria Absolucion por duda Recurso de inconstitucionalidad Libertad ordenada

¿Quién es el actor?

Ministerio Público / Fiscalía de Investigación Nº 7 como parte acusadora.

¿A quién se demanda?

C. A. B. B. (imputada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Responsabilidad penal por homicidio agravado por el vínculo (Art. 80 inc. 1º C. Penal) por lesiones punzo cortantes que habrían causado la muerte de H. G. C.; impugnación de la sentencia condenatoria mediante Recurso de Inconstitucionalidad.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso extraordinario; se dejó sin efecto la sentencia de condena del Tribunal en lo Criminal Nº 2, se absolvió a C. A. B. B. por el delito que se le imputaba y se ordenó su libertad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Todo indica que el mecanismo que luego resultó mortal repercutió en el lado izquierdo de la cabeza de C. y le provocó un traumatismo encéfalo craneano grave, es decir, la fractura, el hundimiento del hueso parietal, la lesión en las meninges, el hematoma subdural y coágulos a nivel extradural.

Ahora bien, la causa del TEC nunca se investigó, consecuentemente no le fue reprochada a la inculpada y fue ignorada durante todo el proceso penal. Luego, la sentencia al basar la responsabilidad penal de la imputada en la causación de seis lesiones punzo cortantes y atribuirle a una de ellas ser la determinante de la muerte -la herida en la región derecha de la cabeza- pasó por alto que con arreglo a las constancias de la causa, ninguna de ellas tuvo la entidad suficiente para causar el TEC en el lado izquierdo, ni mucho menos el deceso de la víctima.

Y, esta conclusión no resulta desplazada por el reconocimiento que efectuara C. A. B. B. en la ampliación de su declaración (fojas 430 del principal) dado que allí admitió, exclusivamente, haber agarrado un cuchillo y haber lesionado a H. G. C.; heridas punzo cortantes que, como se dijo líneas arriba, no fueron las que ocasionaron su muerte.

En estas condiciones corresponde dejar sin efecto la sentencia recurrida pues aparece desprovista de fundamentos y vulnera por ello las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio (art. 18 C.N). No encuentra sustento en las constancias que cita como respaldo de sus conclusiones y no observa las reglas de la sana crítica respecto a elementos probatorios de valor decisivo (arts. 176, 2 párr., 222, 2 párr., 230, 1 párr. y 434 inc. 4 C.P.P.).

La decisión, al prescindir de prueba concordante para dar una explicación racional relativa a la responsabilidad de la acusada, impone a este Superior Tribunal el deber de hacerlo conforme las facultades establecidas en el art. 10 inc. 2º de la ley 4.346. En ese sentido, si el nuevo pronunciamiento no puede tener por acreditados otros hechos o circunstancias que los descritos en la acusación (art. 434 C.P.P.), atento los fundamentos de la presente, deviene forzoso concluir en que la imputada debe ser absuelta por el beneficio de la duda (art. 17 C.P.P).

Cuadra entonces, dejar sin efecto la sentencia recurrida, absolver a C. A. B. B. por el delito por el que fuera acusada y ordenar su libertad (art. 435 C.P.P)."

¿Cómo votaron los jueces?

la resolución corresponde al acuerdo de la Sala II–Penal (voto de la Dra. Lamas González expone el análisis; no se registran votos en disidencia en el bloque dispositivo final).

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