Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-010.528/2013, (Tribunal Contencioso Administrativo – Sala I – Vocalía 1) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Quiroga Miriam Yolanda, Zenteno Mirta Violeta, Chauque Agustina y
Las actoras reclamaron diferencias salariales por aplicación del Decreto 14.696-E-90 y las leyes 5404/5543; el Estado cuestionó la aplicabilidad del decreto y la prescripción. La Sala III revocó parcialmente la sentencia de primera instancia: confirmó la vigencia del Decreto 14.696-E-90, declaró prescritas las diferencias anteriores al quinquenio no interrumpido y remitió la causa para determinar las diferencias no prescriptas conforme la ley 5404.
¿Quién es el actor?
Juana Antonia Leaño, Agustina Chauque, Mirta Violeta Zenteno y Miriam Yolanda Quiroga (representadas por Dr. Aníbal Massaccesi).
¿A quién se demanda?
Estado Provincial (representado por Dr. Ítalo Gerardo Pascuttini).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reconocimiento y pago de diferencias salariales retroactivas por omisión o incorrecta aplicación del Decreto Nº 14.696-E-90 y las leyes provinciales (especialmente Ley 5404 y en su intención la 5543), con intereses y aportes previsionales; y revocación del Decreto 3018-S-2013 en cuanto dispone trámite de reclamos administrativos previos.
¿Qué se resolvió?
Rechazó el recurso deducido por las actoras; hizo lugar parcialmente al recurso del Estado Provincial, revocando parcialmente la sentencia de la Sala Primera y ordenando remitir la causa a la Sala Subrogante para que determine las diferencias salariales que correspondan a cada actoras por aplicación del Decreto 14.696-E-90 y luego de la Ley 5404 por el período no prescripto. Impuso costas en proporción de 75% al Estado Provincial y 25% a las actoras; diferió regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del fallo):
"Mediante el decreto Nº 14.696-E-90 se ordenó la readecuación del personal del Ministerio de Bienestar Social y dependencias que figuran en las planillas anexas y en las cuales figuran las cuatro actoras a saber: Quiroga de Ugarte Miriam, de la categoría 8 a la 13; Zenteno de Mesa Mirta, de la categoría 1 a la 5; Leaño de Martínez Juana, de la categoría 1 a la 7 y Chauque Agustina, de la categoría 1 a la 5.
El mencionado decreto se encuentra vigente toda vez que no ha sido revocado por el señor Gobernador de la Provincia y por lo tanto es aplicable a las actoras a pesar de que no fue notificado oportunamente. Se trata de un acto administrativo firme que proviene de autoridad competente y satisface todos los requisitos de forma; se ha expedido sin grave error de derecho y en uso regular de facultades regladas.
Comparto la postura tomada por este Superior Tribunal en el fallo registrado en el L.A. Nº 58 Nº 390 al expresar que se impone la “presunción de validez del acto administrativo. Por ello mientras no sobrevenga la revocación o no se declare su nulidad, el acto administrativo se presume legítimo y, por lo tanto, es plenamente eficaz. En cuanto a la falta de notificación o publicidad del acto, diremos que la notificación no forma parte del acto. El acto administrativo tiene vida jurídica independiente de su notificación.”"
"El artículo 4023 del Código Civil establece que: “Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años”… En materia de obligaciones periódicas, especialmente el artículo 4027 inciso 3º del Código Civil, dispone: “Se prescriben por cinco años, la obligación de pagar los atrasos de todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos”…
Tratándose de prestaciones periódicas ésta corre para cada una de las prestaciones reclamadas en forma individual; de modo que los cinco años deben computarse desde que cada una debió pagarse. En consecuencia, deben reputarse prescriptas solamente las obligaciones devengadas con anterioridad a los cinco años inmediatos previos a la interrupción del plazo de prescripción (art. 3989 C.C.), situación que aconteció el 26/03/13 (Cfr. fs. 1 del Expte. Nº 715-BU-00617/13; fs. 1 del Expte. Nº 715-BU-00618/13, fs. 1 del expte. 0715-BU-00621/13 y fs. 1 del expte. Nº 715-BU-00622/13)."
"Al interponer el recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción en la instancia de grado... consignó como “objeto”... 'se ordene al Estado Provincial el reconocimiento y pago a las Sras. ... las diferencias salariales ... desde el 01 de julio del año 2004'... He trascripto literalmente el objeto de la pretensión para destacar y dejar aclarado que las actoras no pretendían el dictado de un acto administrativo mediante el cual se las rejerarquice a una determinada categoría sino sólo el reconocimiento y pago de diferencias salariales..."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Federico Francisco Otaola y Clara D. L. de Falcone adhieren al voto del Dr. Sergio R. González. (No hubo disidencia).
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Leyes que cita
- Ley 340Codigo civil
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