Cobro de Sumas de Dinero/Pesos: Sandi Elías c/ Municipalidad de la Quiaca
El actor promovió acción por cobro de pesos por alquileres impagos por $240.000 y restitución de inmueble locado para oficinas municipales. La Cámara (Sala II, Tribunal Contencioso Administrativo) rechazó la excepción de incompetencia de la Municipalidad y declaró la competencia contencioso administrativa por el destino público del inmueble.
¿Quién es el actor?
Elías Sandi (DNI 14.286.991), por apoderado Dr. Marcelo Elías.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de La Quiaca, por apoderado Dr. Luis Federico Canedi.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro de sumas de dinero por alquileres adeudados correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 por la suma de $240.000, más intereses y costas; y restitución del inmueble locado (inmueble en Pellegrini Nº77, destinado a oficinas del Municipio/CAINAF). Fechas relevantes: contrato iniciado 02/01/2014 y relación vigente hasta 01/01/2017; carta documento de intimación 13/01/2017; la Municipalidad reconoció relación por carta 24/01/2017; entrega del inmueble 05/04/2017.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la excepción de incompetencia interpuesta por la Municipalidad de La Quiaca, imponiéndole las costas de la excepción; se diferirá la regulación de honorarios profesionales hasta existencia de base económica.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que en tal sentido y conforme lo relatado por las partes, entendemos que este Tribunal es competente, ya que estamos frente a un proceso ordinario, pero sin embargo no puede prosperar la defensa de incompetencia con fundamento en que el proceso ordinario no tiene asignado un trámite especial en la norma de forma y por ello resulta competente la Cámara Civil y Comercial."
"Que en el caso en análisis, surge claro que la relación sustancial que vincula a las partes es un contrato de locación a partir del cual se alquila a la Municipalidad de La Quiaca un inmueble destinado a oficinas del Municipio. En ese sentido, siendo que el destino de la locación fue el funcionamiento del CAINAF, tal como surge de la cláusula primera de los contratos obrantes a fojas 9/10 de autos, no hay duda que existe un interés general y que por lo tanto, la acción ejercida por la actora es contencioso administrativa y no civil."
Asimismo, el tribunal cita precedentes del Superior Tribunal de Justicia sobre que "las demandas instauradas ante el Tribunal Contencioso Administrativo deben tramitar por el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo... De ser otra la acción, deberá encausarse conforme las reglas del proceso que corresponda a su naturaleza", y concluye que la naturaleza pública del destino del inmueble determina la competencia contencioso administrativa. No constan votos en disidencia en la parte resolutiva.
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