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Cámara de Apelaciones

Amparo por mora: Díaz Marta Lucia c/ Estado Provincial

La actora promovió amparo por mora contra el Estado Provincial por falta de respuesta administrativa a pedidos vinculados a su situación docente. La Cámara declaró la cuestión abstracta por haberse resuelto administrativamente el pedido, dispuso el levantamiento de las astreintes y condenó al Estado al pago de costas y honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-104028/2017
Amparo por mora Sustraccion de materia Astreintes Resolucion administrativa n? 8591-e-18 Costas Honorarios Direccion provincial de personal Ministerio de educacion Contencioso administrativo Levantamiento de sanciones.

¿Quién es el actor?

Mirta Lucía Díaz, representada por el abogado Ezequiel Eduardo Martínez y la abogada Paola Daniela Anachuri.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial (Ministerio de Educación / Dirección Provincial de Personal).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo por mora para que la Administración Pública responda al pedido formulado el 18/05/2016 (señalando la nulidad/suspensión de resolución y caducidad de sumario administrativo) y se ordene dictar el acto administrativo correspondiente, con apercibimiento de astreintes progresivas por la inacción.

¿Qué se resolvió?

La Cámara declaró abstracta la cuestión por haberse dictado la Resolución Nº 8591-E-18 de fecha 02/03/18 que resolvió la petición administrativa; dispuso el levantamiento de las sanciones conminatorias impuestas en el proveído del 15/02/18; impuso las costas a la demandada; y reguló honorarios para los letrados de la actora en $3.000 y $2.000 respectivamente, con intereses y eventual IVA.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del tribunal):

"IV.- Analizadas las constancias de autos, se desprende que con el dictado de la Resolución Nº 8591-E-18, de fecha 02/03/18 emitida por la Ministra de Educación (fs. 36/37) se resolvió la petición formulada por la actora en sede administrativa y con ella, la cuestión ventilada en autos se ha tornado abstracta.

En estas condiciones, no se configura la existencia de un gravamen actual que pudiera ser generado por la omisión en resolver denunciada en autos, puesto que la misma ha resultado modificada, lo que evidencia la falta de un interés jurídico concreto. (cfr.: De la Rúa, Fernando, “El Recurso de Casación”. Víctor P. Zavalía- Editor, Bs. As. 1968, p.50).

En tal sentido se ha expedido inveteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que “Los jueces deben decidir colisiones efectivas de derechos, mas no hacer declaraciones generales o abstractas, ni resolver cuestiones vinculadas a controversias extinguidas en el transcurso del tiempo.” (Fallos, 130:157; 184:358, entre otros)."

"V.- En ese orden de ideas, resuelta la petición formulada por la actora en sede administrativa, corresponde disponer el levantamiento de las sanciones conminatorias impuestas en el proveído de 15/02/18 (fs. 26)."

"VI.- Las costas del proceso se imponen al Estado Provincial al haber dado motivos para litigar (art. 102 del Código Procesal Civil), considerando que la respuesta que satisface la pretensión de la actora fue efectuada en fecha 02/03/18 (fs. 36/37) y que el apoderado de la actora recién tomo conocimiento de la misma en este proceso."

(Se consignan además las reglas aplicadas para la regulación de honorarios en el considerando VII, y la fijación concreta de $3.000 para el abogado Ezequiel Eduardo Martínez y $2.000 para la abogada Paola Daniela Anachuri.)

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Juez Pedicone expone los considerandos arriba transcritos; el Juez Sebastián Damiano adhiere a la solución propiciada en dicho voto. El dispositivo final resultado del acuerdo es el transcripto en la parte resolutiva.

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