Contencioso administrativo de Plena Jurisdicción: Báez Nélida Alcira c/ Poder Ejecutivo - Estado Provincial
La actora promovió contencioso administrativo de plena jurisdicción contra el Estado Provincial reclamando reconocimiento y pago de adicionales por Jefatura de Liquidaciones y diferencias salariales desde enero de 2006. La Sala II rechazó la demanda por falta de acto administrativo que acredite la designación en cargo jerárquico y por orfandad probatoria, imponiendo costas a la actora.
¿Quién es el actor?
Nélida Alcira Báez, por intermedio del letrado Aníbal Massaccesi.
¿A quién se demanda?
Poder Ejecutivo - Estado Provincial (Ministerio de Educación).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reconocimiento del adicional por Jefatura de Liquidaciones del Nivel Primario, pago de diferencias salariales desde enero de 2006, intereses y aportes previsionales; revocatoria del Decreto Nº 3891-E/17 que rechazó el recurso jerárquico.
¿Qué se resolvió?
Rechazar la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción; imponer las costas a la actora; diferir regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De las pruebas testimoniales no se puede acreditar formalmente que la Sra. Báez cumpla la función de Jefatura, por no existir acto administrativo alguno que la afecte a dichas funciones."
"El derecho del agente a la estabilidad y la carrera administrativa, no es extensivo a las funciones que se le han asignado si éstas no han sido acompañadas del respectivo acto administrativo de designación en el cargo, ya que no puede sostenerse en verdad que exista un derecho subjetivo al ascenso..."
"La pretensión de la actora requiere indefectiblemente el cumplimiento de estrictas condiciones, entre las que se encuentran disponer la designación a través de un acto administrativo, que como tal es esencialmente formal, lo que no se comprueba que se haya satisfecho en el sublite."
Además, el tribunal remarcó la presunción de legitimidad del acto administrativo y la ausencia de prueba que demuestre arbitrariedad o ilegalidad del Decreto Nº 3891-E/17: "el acto administrativo que se pretende atacar goza de presunción de legitimidad, que ello implica que se supone armónico con el ordenamiento jurídico, conforme a derecho, salvo prueba en contrario de quien alega su ilegitimidad."
¿Cómo votaron los jueces?
Voto de mayoría/único acuerdo (Jueces Fernando Raúl Pedicone y Sebastián Damiano). Ambos adhieren y acuerdan el rechazo; no hubo disidencias relevantes.
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