Amparo por mora: Rodríguez Carlos Antonio y otros c/ Secretaría General de la Gobernación - Estado Provincial
Los actores promovieron amparo por mora contra la Secretaría General de la Gobernación para que se ordene cesar la mora administrativa y resolver peticiones de reajuste de haberes de retirados de la Fuerza de Seguridad. La Cámara declaró la cuestión abstracta por haberse dictado Decreto Nº 6367-HF-2018 que resolvió las peticiones en sede administrativa, impuso las costas a la demandada y reguló honorarios por $5.000.
¿Quién es el actor?
Juan Benito Valerio y otros (lista de 19 retirados representados por el abogado Víctor Manuel Paz).
¿A quién se demanda?
Secretaría General de la Gobernación - Estado Provincial (Provincia de Jujuy).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Amparo por mora para que la Administración cese en el estado de mora y dicte pronunciamiento definitivo respecto del reclamo administrativo iniciado el 29/08/16 por reajuste de haberes de retirados de la Fuerza de Seguridad (differences abonadas a activos que, por Decreto y Ley 3.759 arts. 20 y 26, corresponderían también a los retirados).
¿Qué se resolvió?
Se declaró abstracta la cuestión por haberse dictado el Decreto Nº 6367-HF-2018 con fecha 26/03/18 que resolvió la petición administrativa; se impusieron las costas a la demandada y se regularon honorarios a favor del apoderado actor en $5.000 con intereses y posible IVA.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"IV.- Analizadas las constancias de autos, se desprende que con el dictado del Decreto Nº 6367-HF-2018, de fecha 26/03/18 emitido por el Gobernador de la Provincia (fs. 37/38), se resolvió la petición formulada por los actores en sede administrativa y con ello, la cuestión ventilada en autos se ha tornado abstracta.
En estas condiciones, no se configura la existencia de un gravamen actual que pudiera ser generado por la omisión en resolver denunciada en autos, puesto que la misma ha resultado modificada, lo que evidencia la falta de un interés jurídico concreto. (cfr.: De la Rúa, Fernando, “El Recurso de Casación”. Víctor P. Zavalía- Editor, Bs. As. 1968, p.50).
En tal sentido se ha expedido inveteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que “Los jueces deben decidir colisiones efectivas de derechos, mas no hacer declaraciones generales o abstractas, ni resolver cuestiones vinculadas a controversias extinguidas en el transcurso del tiempo.” (Fallos, 130:157; 184:358, entre otros).
En tales casos, denominados por la doctrina especializada como supuestos de “sustracción de materia” (Peyrano, J. W., "El proceso atípico", Universidad, Bs. As., 1983, p. 129), cuando el asunto está debidamente sustanciado -aunque las partes hayan perdido interés en su resolución por haberse convertido en algo abstracto- sólo “corresponde el análisis de las cuestiones de fondo planteadas a los efectos de la imposición o distribución de las costas" (conf. Loutayf Ranea, R. G., "Condena en costas en el Proceso Civil", Astrea, Bs. As., 1998, p. 237)."
"V.- Con relación a las costas, las mismas se imponen al Estado Provincial al haber dado motivos para litigar (art. 102 del Código Procesal Civil), considerando que la respuesta que satisface la pretensión de la actora fue efectuada en fecha 26/03/18 (fs. 37/38) y su notificación al apoderado de la actora se llevó a cabo con posterioridad a la promoción de la acción tentada en autos."
"VI.- Respecto a la regulación de los honorarios profesionales, conforme lo relatado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2, 5 y concordantes de la ley de aranceles Nº 1.687, teniendo en consideración que, en principio, todo amparo -del que este proceso es una especie- debe considerarse un juicio sin monto en razón de encontrarse previsto para la protección de derechos y garantías constitucionales fundamentales, y finalmente lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en el L.A. 21 Nº 3, entiendo justo establecer los que corresponden por la actuación del abogado Victor Manuel Paz en la suma de Cinco mil ($ 5.000.-) que devengará intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago (cfr.: sentencia del Superior Tribunal de Justicia registrada al L.A. 55 Nº 514) conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina ... debiendo adicionarse el impuesto al valor agregado en el caso de que así correspondiere."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Fernando R. Pedicone expuso el fundamento desarrollado y propuso la solución; el Dr. Sebastián Damiano adhirió al voto que antecede. El bloque dispositivo final coincide con la propuesta mayoritaria.
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