Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Lasquera, Federico Agustín, Carrillo Abán, Emmanuel Marcelo c/ Estado Provincial
Los actores promovieron acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción para impugnar el Decreto Nº 3495-MS/17 que dispone su cesantía. La Cámara rechazó la demanda y confirmó la legitimidad y razonabilidad del acto administrativo, destacando la presunción de legitimidad del acto y la posibilidad de sanción administrativa aun cuando no exista condena penal.
¿Quién es el actor?
Federico Agustín Lasquera y Emmanuel Marcelo Carrillo Abán.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial (Provincia de Jujuy).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Revocación del Decreto Nº 3495-MS/17 (18/04/2017) que dispone la sanción disciplinaria de cesantía; se alega prescripción/caducidad de la acción disciplinaria, falta de condena penal, desproporción y falta de fundamentación.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción; se impusieron las costas a los actores y se diferenció la regulación de honorarios hasta contar con bases económicas firmes. Votos de los Sres. Jueces Damiano y Pedicone (adhiriendo), por mayoría.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que respecto a los primeros planteos - extemporaneidad, prescripción, caducidad- debe decirse que los mismos no se verifican toda vez que en época concomitante a la denuncia de los hechos, de inmediato se inició el sumario respectivo y ha sido constante la actitud investigativa del Estado.
Teniendo en consideración tales antecedentes y fundamentalmente una de las máximas que caracterizan esta clase de procesos, esto es, “el principio que domina su procedimiento es el interés público”, dada la ausencia de norma jurídica en nuestra Provincia que establezca un plazo de prescripción y que tal instituto por excepcional debe interpretarse en sentido restrictivo, adhiero al criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Alejandro Nicolás Trimarco”, donde ha dejado sentado que "Las correcciones disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha ni del poder ordinario de imponer penas. Por esta razón no se aplican a su respecto los principios generales del Código Penal ni las disposiciones del mismo en materia de prescripción…”.
"Que en relación con la falta de condena penal, resulta conveniente adelantar que así como en materia criminal opera el principio rector -in dubio pro reo-, en nuestro fuero rigen otros, como el de presunción de legitimidad del acto administrativo, de informalismo del trámite, etc. que imponen un enfoque distinto de interpretación y prueba propios de esta especialidad.
Así, es perfectamente posible que determinadas conductas que no son reprochables para el Derecho Penal, al mismo tiempo puedan resultar de interés en el ámbito administrativo y con entidad suficiente para justificar agravio que autorice sanciones disciplinarias (incluidas cesantía o exoneración)."
Citas textuales más importantes: las transcritas precedentemente (“el principio que domina su procedimiento es el interés público”; la cita de Trimarco; “presunción de legitimidad del acto administrativo”; y la conclusión: "la medida adoptada deviene proporcionada a la naturaleza de la falta y el acto administrativo atacado por la presente resulta legítimo por lo que la demanda incoada en autos debe ser rechazada.").
¿Cómo votaron los jueces?
Los Sres. Jueces Sebastián Damiano (voto extenso con fundamentos) y Fernando Raúl Pedicone (adhesión). Bloque dispositivo final: rechazo de la demanda, imposición de costas y diferimiento de regulación de honorarios.
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