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Cámara de Apelaciones

Amparo Genérico: Rodríguez Gloria Iris y otros c/ Estado Provincial – Ministerio de Educación

Las actoras promovieron acción de amparo contra el Estado Provincial – Ministerio de Educación solicitando la inaplicabilidad de la extensión de la jornada laboral de preceptores. La Sala II del Tribunal en lo Contencioso Administrativo rechazó la acción por improcedente y por no advertirse ilegalidad manifiesta en los actos administrativos impugnados, imponiendo costas y regulando honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-110914/2018
Amparo Jornada laboral Preceptores Educacion secundaria Acto administrativo Improcedencia Competencia administrativa Igualdad Costas Honorarios

¿Quién es el actor?

Gloria Iris Rodríguez (DNI 22.275.509) y Julia Corimayo (DNI 20.434.667), representadas por la abogada Mariana Vargas.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial – Ministerio de Educación.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción de amparo para declarar inaplicable la extensión de la jornada laboral a 7 horas dispuesta por la Directora del Bachillerato Provincial Nº 2 (Acta Nº 2/18), y medida cautelar de suspensión de sus efectos. Alegan vulneración de los arts. 16, 17 y 14 bis de la Constitución Nacional, falta de partida presupuestaria para el pago de la jornada extendida y trato desigual.

¿Qué se resolvió?

Rechazar la acción de amparo; imponer costas a las actoras; regular honorarios de Fiscalía de Estado en $5.000 y de la abogada Vargas en $3.500, con intereses y posible IVA.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En esos términos, no es posible declarar inaplicable la extensión de la Jornada Laboral de las actoras, atento a que no está previsto el pago de la jornada laboral extendida, ya que no se puede atribuir ilegalidad, ilegitimidad o irrazonabilidad manifiesta al acto administrativo.

Resulta necesario afirmar -como lo hemos sostenido en reiteradas oportunidades-, que la facultad de organización y dirección del sistema educativo resulta de competencia exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, encontrándose vedado al Poder Judicial intervenir en la cuestión sin violentar el principio republicano de división de poderes.

En el sublite, las actoras pretenden que el Tribunal intervenga en la organización del servicio educativo, lo que resulta inadmisible, pues existen normas que regulan la actividad.

Desde esta perspectiva, acceder a la pretensión de los actores puede llegar a constituirse en un hecho generador de diferencias repudiables desde el plano constitucional, pues pretenden que se les otorgue un trato singular y diferencial al resto de los docentes en igualdad de condiciones, lo que sin duda alguna viola el derecho de igualdad constitucionalmente garantizado."

"De tal forma, con relación a la idoneidad de la vía, tampoco los procedimientos administrativos y el eventual proceso judicial contencioso, resultan susceptibles de ser sustituidos y desplazados por el proceso sumarísimo previsto para el amparo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene resuelto en materia de interpretación que: ... (cita jurisprudencial).

En tal orden de ideas, cabe concluir que la acción de amparo, el recurso de amparo o más propiamente 'el amparo', no puede utilizarse como un 'comodín' ... Es necesario reconocer y respetar su naturaleza excepcional, y residual ..."

¿Cómo votaron los jueces?

El Juez Pedicone expuso el voto principal con los fundamentos citados; el Juez Damiano adhirió. El bloque dispositivo final resolvió rechazar la acción, imponer costas y regular honorarios (ver parte resolutiva final).

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