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Cámara de Apelaciones

Amparo por mora: Rojas José Luis c/ Estado Provincial

El actor promovió acción de amparo por mora solicitando que se pronuncie la autoridad educativa sobre su situación laboral y el pago de haberes. La Cámara hizo lugar al amparo por mora y condenó al Estado Provincial - Ministerio de Educación - a pronunciarse en 20 días hábiles, bajo apercibimiento de sanciones conminatorias.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-119462/2018
Amparo por mora Derecho de peticion Silencio administrativo Ministerio de educacion Pronunciamiento administrativo Astreintes Costas Honorarios Sala i tribunal en lo contencioso administrativo Jujuy.

¿Quién es el actor?

José Luis Rojas, representado por el Dr. Hugo Oscar Insausti (y patrocinio del Dr. Daniel Héctor Lemir en la audiencia).

¿A quién se demanda?

Estado Provincial - Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, representado por la Dra. Florencia Edith Puebla Casares.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo por mora por falta de respuesta administrativa a peticiones del actor (regularización laboral y pago de haberes) presentadas el 27/06/2018 y reiteradas el 10/07/2018; se solicita orden de pronto despacho y apercibimiento de astreintes.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar al amparo por mora y se condena al Estado Provincial - Ministerio de Educación a que, en el plazo de veinte (20) días hábiles administrativos, se pronuncie respecto de la presentación del actor obrante a fojas 6 y 12, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias y/u otras medidas que el Tribunal estime pertinentes. Se imponen las costas a la demandada vencida y se regulan honorarios a favor de los Dres. Insausti y Lemir en $2.500,00 para cada uno, con intereses y posibilidad de IVA.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“Conforme unánime jurisprudencia nacional y reiterados antecedentes de este Tribunal, todo órgano de la Administración ante el cual se interpone una petición, tiene la inexcusable obligación de expedirse como elemental correlato del derecho de peticionar de los administrados consagrado en la Constitución de la Nación y de la Provincia.

Liminarmente cabe puntualizar que: ‘En las acciones de amparo por mora, el propósito perseguido no puede ser otro, en principio, que la obtención de una orden de pronto despacho y tal pretensión resulta objetivamente satisfecha más allá de que se acceda al reclamo de fondo que lo sustenta’ (cfr. Horacio D. Creo Bay, Amparo por mora de la Administración Pública, Astrea, pág. 59), y que ‘El Juez del amparo se expide sobre el fondo de la cuestión, no así el Juez del amparo por mora que sólo ordena que se resuelva, pero no en qué sentido’ (cfr. ob. y aut. cit. pág. 72).

Que además ‘…el silencio de la Administración constituye una típica violación de un deber de acción. Es que, en definitiva, el silencio administrativo consiste en la duración de una situación que debe cambiar, en que la Administración deja que las cosas sigan como están en vez de modificarlas. Por eso la omisión en la cual el silencio consiste, no es más que el retardo, la demora en el cumplimiento de la obligación de resolver’ (cfr. Silencio de la Administración, plazos y caducidad, p. 68; cit. en Amparo por Mora de la Administración, Horacio D. Creo Bay, Astrea, p. 2).”

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia contiene dos votos coincidentes (Dra. Ruth Alicia Fernández como redactante y el Dr. David Jorge Casas que adhiere), y el bloque dispositivo final reproduce la solución mayoritaria.

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