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Cámara de Apelaciones

Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Machicado Franco Matías c/ Estado Provincial

El actor impugnó la cesantía dispuesta por Decreto Nº 4540-MS/17 y solicitó su reincorporación por prescripción de la potestad disciplinaria. La Cámara rechazó la acción, entendiendo que la investigación sumarial se inició en término, que no operó la prescripción y que la sanción resulta razonable y legítima frente a los hechos reconocidos por el demandante.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
c-103364/2017
Contencioso administrativo Prescripcion Potestad disciplinaria Policia provincial Cesantia Sumario administrativo Debido proceso Legitimidad administrativa Costas Honorarios

¿Quién es el actor?

Franco Matías Machicado (DNI 32.230.961).

¿A quién se demanda?

Estado Provincial (Provincia de Jujuy).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación del Decreto Nº 4540‑MS/17 que dispone la exoneración/cesantía del actor de la Policía de la Provincia; se solicita la declaración de prescripción de la potestad disciplinaria, la nulidad del sumario administrativo, la reincorporación y pago de haberes.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la acción interpuesta por el actor, se impusieron las costas al actor vencido y se regularon honorarios por $5.000 y $3.500 para los letrados respectivos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que en primer término, corresponde analizar si la potestad disciplinaria del Estado se encontraba prescripta o no.

Que teniendo en cuenta los antecedentes y de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo VI del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (R.R.D.P.), traído a colación por el mismo impugnante, cabe anticipar que no existe prescripción de la acción disciplinaria.

Que desde ésta perspectiva, cabe referir, que el artículo 41 del ordenamiento categóricamente establece: “A los fines del ejercicio de la facultad disciplinaria que surge del presente Reglamento, se operará la prescripción de la acción dentro de los plazos que a continuación se determinan: a) Al año de cometida las faltas previstas en los Arts. 10º a 13º de éste Reglamento, y b) A los dos años de cometidas las faltas previstas en los Arts. 14º y 15º del mismo”.

Que la sanción aplicada al Sr. Machicado encuentra fundamento legal en las disposiciones del artículo 15 del R.R.D.P., por lo que cabe concluir que la prescripción de la acción, en este caso, operaría recién a los dos años de cometida la falta o eventualmente de llegada a conocimiento de la autoridad, por lo que teniendo presente la fecha de la denuncia y el reconocimiento del propio actor de haber cometido el hecho denunciado (13/05/18) (conforme constancias obrantes a fojas 1 y 4 del Expediente administrativo Nº 1414-863/16) y la fecha de iniciación de las actuaciones sumariales, ocurrida el 01/07/13, (conforme diligencia obrante a fojas 26 de las mismas), la investigación sumarial se inició en tiempo, por lo que la pretendida prescripción de la acción disciplinaria, no resulta tal.

Teniendo en consideración tales antecedentes y fundamentalmente una de las máximas que caracterizan esta clase de procesos, esto es, “el principio que domina su procedimiento es el interés público”, y en especial medida que en el Capítulo VI del RRDP artículos 41 y ss., bajo el título “Prescripción de la Acción Disciplinaria”, se establece que a los fines de la facultad disciplinaria se operará la prescripción de la acción al año de cometida (inc. a) en los casos de los artículos 10 a 13 y a los dos años en los casos de los incisos 14 y 15 (inc. b), habiéndose iniciado la investigación (ejercicio de la acción) dentro de tales plazos, la prescripción no ha operado.

Es que el plazo del artículo 41 referenciado, además, se interrumpe conforme el artículo 42 del mismo RRDP desde el inicio del procedimiento sumario instruido en contra del actor, máxime cuando conforme fuera analizado, las actuaciones no sólo no se paralizaron en momento alguno, sino que han tenido impulso en cada etapa y al encartado ahora actor no sólo se le se le garantizó el derecho de defensa, sino que lo ejerció activamente, y aún luego de impuesta la sanción solicitó -ya finalizado el proceso- la reconsideración ante la máxima autoridad administrativa.

Que nuestro máximo Tribunal viene sosteniendo desde antaño que: “Teniendo en consideración tales antecedentes, y fundamentalmente las máximas que caracterizan esta clase de procesos, como la del artículo 12 del Código Contencioso Administrativo "el principio que domina su procedimiento es el interés público", disposición concordante con la contenida en el artículo 3 del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial que dispone “Las normas de éste Reglamento deben interpretarse teniendo en consideración que su finalidad es afirmar y mantener la disciplina y que el principio de autoridad es el fundamento de la misma, para asegurar el normal funcionamiento de la Institución” y que el instituto de la prescripción por excepcional debe interpretarse en sentido restrictivo, adhiero al criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re Alejandro Nicolás Trimarco, donde con razón ha dejado sentado que "Las correcciones disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha ni del poder ordinario de imponer penas. Por esta razón no se aplican a su respecto los principios generales del código penal ni las disposiciones del mismo en materia de prescripción...". “Que, por el contrario, la falta de interés social para perseguir el esclarecimiento de un delito, luego del transcurso del término que la ley prefija, fundada en la presunción de haber desaparecido los motivos de la reacción social defensiva, no rige en el ámbito disciplinario administrativo, en el que priva lo atinente a la aptitud para la correcta prestación del servicio público que, para el caso, conviene con el adecuado mantenimiento de la disciplina." (cfr.: Fallos, T. 256, pág. 97 y ss.).” (LA 53 Nº 81).

Que en razón de lo expuesto, entiendo que la defensa de prescripción de la acción disciplinaria planteada por el actor, debe ser desestimada."

"Que en razón de lo expuesto, se rechaza la demanda deducida en autos por el Sr. Franco Matías Machicado.

Que en cuanto a las costas, las mismas se imponen a la parte actora que resulta vencida, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la ley 1.888.

Que en lo que respecta a la regulación de honorarios, teniendo presente la calidad, extensión y eficacia de la defensa conforme ya fuere analizado precedentemente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2, 4, 5, 6, 10 y concordantes de la ley de aranceles, que la presente demanda carece de monto y lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en L.A. 21 Nº 3, entiendo justo establecer los que corresponden al representante del Estado Provincial en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000,00) y los del abogado Manuel Alejandro Rodríguez en la suma de Pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00), representativa del 70% de los que se fijan al vencedor. Tales sumas devengarán intereses desde la mora hasta su efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (L.A. 54 Nº 235), debiendo adicionarse el impuesto al valor agregado en el caso de que así correspondiere."

¿Cómo votaron los jueces?

unanimidad (Dr. Sebastián Damiano y Dr. Fernando R. Pedicone adhieren al mismo sentido). No existen disidencias expresadas.

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