Amparo por mora: Quispe Prixades y otros c/ Estado Provincial
El Dr. Rubén F. Farfán promovió acción de amparo por mora en representación de veinte docentes para que el Estado Provincial (Ministerio de Educación) se pronuncie sobre el pedido de liquidación del adicional por zona desfavorable. La Sala I del Tribunal en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al amparo por mora y ordenó que la administración se pronuncie en el plazo de veinte (20) días hábiles, imponiendo costas a la demandada y regulando honorarios por $5.000.
¿Quién es el actor?
El Dr. Rubén Fernando Farfán en representación de Prixades Quispe; Rita Estela Armella; Bibiana Guzmán; María Griselda Casimiro; Natalia Teresa Mayo; Soledad Leticia Ramos; Norma Gladys Condorí; Leonor Ramos; Buenabentura Mamaní; Estela Vanesa Cruz; Nilda Ibani Patagua; María Benita Guari; Lidia María Ramos; Ramona Isabel Lunda; Erminda Condorí; Estela Lorenza Leaño; Juliana Llampa; Juana Cruz y Valentina Calisaya.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial - Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de amparo por mora para que la administración se pronuncie sobre el reclamo administrativo (Expte. ACT. ME-4432/17) relativo a la liquidación y pago del adicional o bonificación “de desarraigo” por zona desfavorable y su interés; se solicita mandamiento de pronto despacho para que la autoridad responda denegando o concediendo.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la acción de amparo por mora y se ordenó al Ministerio de Educación que se pronuncie respecto del pedido obrante a fojas 25/27 en el plazo de veinte (20) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de sanciones conminatorias y/u otras medidas que el Tribunal estime pertinentes. Se impusieron las costas a la demandada y se regularon honorarios por $5.000, con intereses.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Siempre teniendo en consideración lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara expuesto reiteradamente, en cuanto a que en el proceso de amparo se debe atender para sentenciar, a la situación existente al momento en que se resuelve (Fallos, 292:140)… teniendo en cuenta no sólo factores iniciales sino también los sobrevinientes, sean agravantes o no, que resulten de las actuaciones producidas (Fallos, 304:1024), entiendo se encuentra configurada la situación de mora objetiva por parte de la Administración, toda vez que, examinadas las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada, que no fueran desconocidas ni negadas por la actora, surge que efectivamente en fecha 03/08/17 los actores formularon el pertinente reclamo administrativo para el reconocimiento del adicional por zona desfavorable. Acreditada la personería, recién en fecha 19/03/18 se produce informe de Área Recursos Humanos de Ministerio de Educación (fojas 103/104). A partir de allí se advierte una serie de pases internos a distintos sectores del Ministerio de Educación -Dirección General de Administración; Asesoría Legal; Área Liquidaciones; Jefatura de Despacho, etc.- sin que, a la fecha de interposición de la demanda ni hasta esta oportunidad de dictar sentencia, los agentes hayan obtenido respuesta concreta y expresa a su pedimento."
"Liminarmente cabe puntualizar que: 'En las acciones de amparo por mora, el propósito perseguido no puede ser otro, en principio, que la obtención de una orden de pronto despacho y tal pretensión resulta objetivamente satisfecha más allá de que se acceda al reclamo de fondo que lo sustenta' (cfr. Horacio D. Creo Bay, Amparo por mora de la Administración Pública, Astrea, pág. 59), y que 'El Juez del amparo se expide sobre el fondo de la cuestión, no así el Juez del amparo por mora que sólo ordena que se resuelva, pero no en qué sentido' (cfr. ob. y aut. cit. pág. 72)."
"Que además '…el silencio de la Administración constituye una típica violación de un deber de acción. Es que, en definitiva, el silencio administrativo consiste en la duración de una situación que debe cambiar, en que la Administración deja que las cosas sigan como están en vez de modificarlas. Por eso la omisión en la cual el silencio consiste, no es más que el retardo, la demora en el cumplimiento de la obligación de resolver' (cfr. Silencio de la Administración, plazos y caducidad, p. 68; cit. en Amparo por Mora de la Administración, Horacio D. Creo Bay, Astrea, p. 2)."
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia contiene dos votos (Dra. Ruth Alicia Fernández y Dr. David Jorge Casas) que adhieren a la misma solución; el bloque dispositivo final refleja la decisión de la Sala I.
Fechas y montos relevantes: Reclamo administrativo presentado el 03/08/2017; informe de RR.HH. del Ministerio de Educación el 19/03/2018; sentencia de fecha 11/12/2018; plazo ordenado de 20 días hábiles administrativos para resolver; honorarios regulados en $5.000 (devengarán intereses conforme la tasa indicada).
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