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Tribunal Superior

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-242.495/2010 (Tribunal Contencioso Administrativo -Sala II- Vocalía 4) Demanda por recategorización y otros rubros: Zenarruza, Humberto c/ Dirección Provincial de Recursos Hídricos - Estad

Demandas por recategorización y diferencias salariales promovidas por empleados de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos. La Sala III admitió parcialmente el recurso de inconstitucionalidad del Estado Provincial, revocó parcialmente la sentencia apelada respecto de la prescripción y remitió los autos al a quo para que dicte nuevo pronunciamiento conforme lo considerado.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
CA-13794/2017
Recategorizacion Diferencias salariales Convenio colectivo de trabajo n? 36/75 Prescripcion Acto interruptivo Recurso de inconstitucionalidad Devolucion de autos Costas al estado Pericia Direccion provincial de recursos hidricos.

¿Quién es el actor?

Varios empleados (entre ellos Humberto Zenarruza, Hugo Zuleta, Benedicto Peñaloza, Hugo Roberto Cornejo, José Ernesto Apaza, Omar Samuel Vilca, Carlota Chambi, Plácido Alfaro, Héctor Reinaldo Véliz, Andrés Torres Jerez, Segundo Julio Reinoso, Dino Flaviano Cazón, Delmira Rosa Gutiérrez Villagrán y Carmen Yolanda Cabrera) promovieron demandas por recategorización y diferencias salariales. Intervino además la sucesión de Hugo Roberto Cornejo (representada por Sofía Arias).

¿A quién se demanda?

Dirección Provincial de Recursos Hídricos - Estado Provincial (representado en este recurso por la Dra. Alina Cura).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recategorización conforme CCT Nº 36/75 y liquidación de diferencias salariales (desde marzo de 2003 en adelante), más adicionales y horas extras en algunos casos; en un actor, reclamo de daño moral y restitución de cargo.

¿Qué se resolvió?

La Sala III hizo lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad deducido por el Estado Provincial contra la sentencia de la Sala II del Tribunal Contencioso Administrativo del 31/05/2017; ordenó devolver los autos al tribunal de origen para que dicte nuevo pronunciamiento conforme a lo considerado en la sentencia de la Sala III. Impuso las costas al Estado recurrente y diferió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Finalmente, y en punto a la excepción de prescripción, postulo el acogimiento del recurso. No es cuestión controvertida, como ha quedado dicho, que los actores quedaron incluidos en las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 36/75. En su mérito, resultan de aplicación las consideraciones formuladas -para casos análogos- por este Superior Tribunal en anterior integración en sentencias registradas al L.A. 49, Fº 415/418, Nº 138 y L.A. 52, Fº 187/189, Nº 64, entre otras.

Sostuve en la última de ellas que “No hay debate acerca del plazo bienal de la prescripción analizada, por aplicación del art. 256 de la LCT que –con carácter de orden público- lo fija para `las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo´”.

En tal sentido, entiendo menester –como en esos precedentes- diferenciar la situación de estos trabajadores, comprendidos en Convenios Colectivos de Trabajo, con relación a otros agentes, respecto de quienes se pronunciara la sentencia registrada al L.A. 2, Fº 77/81, Nº 22, a la que refieren tanto el tribunal a quo como la Fiscalía en su dictamen.

Por ello, y de compartir mis pares el temperamento expuesto, propongo acoger parcialmente el recurso de inconstitucionalidad tentado y remitir los autos al Tribunal de origen a fin de que dicte nuevo pronunciamiento conforme lo considerado en el presente y previa particular apreciación de los actos interruptivos del curso de la prescripción en cada caso.

Las costas de este recurso habrán de imponerse al Estado Provincial porque, como ha quedado reiteradamente dicho en fallos cuyas consideraciones son predicables mutatis mutandis al presente, “si la actora se vio en la obligación de litigar para que se le reconozcan sus derechos, aunque la condena no alcance totalmente la suma pretendida, la que -por otro lado- en modo alguno vincula al juez para fijar el monto de condena (artículo 94 del Código Procesal del Trabajo), no por ello pierde el demandado su carácter de vencido y por lo tanto queda obligado a cargar con las costas, pues debe soportar las erogaciones que debió realizar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho” (L.A. 45, Nº 148, y L.A. 49, Nº 172, entre otros)."

¿Cómo votaron los jueces?

decisión adoptada por unanimidad de los Dres. González, Baca y De Langhe de Falcone; los Dres. Baca y De Falcone adhieren al voto principal (no consta disidencia).

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