Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. C–002753/2013 (Tribunal del Trabajo -Sala I- Vocalía 2) Indemnización por despido injustificado y otros rubros: QUIROGA, SANTOS SALOMÓN c/ EL URBANO S.R.L
El actor promovió demanda por indemnización por despido injustificado más rubros derivados de la relación laboral. La Sala Laboral del Superior Tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada, entendiendo que los agravios no prueban arbitrariedad ni lesionan garantías constitucionales y que la empleadora conocía la patología del trabajador.
¿Quién es el actor?
Quiroga, Santos Salomón (trabajador/actor).
¿A quién se demanda?
El Urbano S.R.L. (empleadora), representada por el Dr. Enrique René Rivas.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por despido injustificado, preaviso, integración y multa del art. 15 de la ley 24.013 y otros rubros.
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la empleadora; imponer costas a la recurrente y regular honorarios del apoderado en $10.819 más intereses e IVA si corresponde.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del fallo):
"Este Superior Tribunal tiene reiteradamente expresado que la aplicación de la legislación laboral por los tribunales del fuero, así como lo atinente a la modalidad de la relación laboral o su ruptura, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, cuyo conocimiento, como regla, está reservado a los jueces de la causa y no es susceptible de recurso extraordinario porque, en virtud del principio de inmediación que preside el proceso oral, sólo los jueces que integran el tribunal de mérito se encuentran en condiciones de apreciar las pruebas rendidas en su presencia, con mayor razón, cuando en nuestro sistema no se registra de ningún otro modo el resultado de las audiencias de vista de causa (L.A. Nº 45, Fº 248/249, Nº 108; entre otros)."
"Por otra parte, el vicio de arbitrariedad con alcance para descalificar un fallo debe ser grave, tiene que probarse, y solo puede predicarse respecto de las sentencias que padecen de omisiones o desaciertos que las descalifiquen como pronunciamiento judicial, lo que no advierto ocurra en autos. Además, el fundamento de la arbitrariedad debe ser la lesión a garantías constitucionales, demostrándose que existe relación entre ellas y la cuestión debatida en la sentencia impugnada, siendo la mera enunciación, una afirmación dogmática, carente de eficacia recursiva."
"Respecto del agravio por el valor probatorio del certificado médico no puede proceder. Tal como lo sostiene el dictamen fiscal, sin perjuicio de las conjeturas que al efecto puedan realizarse, ya sea que en la causa jamás se tuvo como prueba dicho certificado o porque quien declaró en la audiencia fue el Dr. Nicolás Muñoz y no quien lo suscribió (Dr. Francisco Muñoz) y por lo tanto no se probó la autenticidad de tal documento, lo cierto es que el empleador tenía conocimiento de la patología que padecía el actor. Ello por cuanto la empleadora mediante carta documento de fecha 28.6.11 rechazó el certificado médico supuestamente firmado el 19.6.11 por el Dr. Muñoz, pretendiendo otorgar 30 días de licencia, por lo que reconoce haber tomado conocimiento de la patología diagnosticada por el galeno al actor."
"Por ello, la decisión del empleador de despedir directamente al actor constituyó una injuria que convierte en injustificado el despido."
No hubo votos en disidencia; los Dres. Otaola y De Falcone adhieren al voto que antecede y el bloque dispositivo final dispone el rechazo del recurso y la regulación de honorarios.
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Leyes que cita
- Ley 24.013Ley de empleo
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