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Tribunal Superior

Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nº C-040.642/2015 (Tribunal Contencioso Administrativo –Sala I– Vocalía 2) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Vilte Mauricio c/ Estado Provincial – Servicio Penitenciario de Jujuy

El actor promovió recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que declaró inadmisible su demanda contencioso administrativa por extemporaneidad y falta de elementos mínimos. La Sala III rechazó el recurso y confirmó la decisión de la Sala I, con fundamento en la falta de desvirtuación de las razones de inadmisibilidad y la exigencia restrictiva para declarar arbitrariedad.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
CA-14095/2017
Recurso de inconstitucionalidad Inadmisibilidad Extemporaneidad Contencioso administrativo Suspension de plazos Prueba Arbitrariedad Costas Honorarios ($3.500) Decreto n? 6411?g/14.

¿Quién es el actor?

Mauricio Vilte, representado por el Dr. Rene Antonio Quispe Carrizo.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial - Servicio Penitenciario de Jujuy.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación del Decreto Nº 6411‑G/14 mediante acción contencioso administrativa de plena jurisdicción; solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo y ampliación de la demanda.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de la Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo (9/9/2017) que declaró inadmisible la demanda; se impusieron costas al recurrente y se regularon honorarios por $3.500 al letrado recurrente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"6º) Del análisis de la causa surge que la actora pretendió impugnar el Decreto Nº 6411‑G/14 y para ello efectuó la presentación de fs. 5/6 y vta. en donde expresamente mencionó: 'la reserva de ampliar la demanda, precisar los hechos y objeto, fundamentarla, imputar responsabilidades concretas y definir en concreto la petición una vez accedido al Expte. Administrativo 0413‑121‑2014'.

Se hizo lugar a la suspensión de plazos, por el decreto de fs. 8 de autos principales, hasta tanto fuera puesto a disposición de la actora el expediente administrativo. El 24 de abril de 2015 la parte fue notificada que el expediente se encontraba a su disposición. A partir de allí, quedaban ocho días hábiles para ampliar la demanda –conforme el cómputo de plazos realizados por el a quo y que fuera consentido por las partes-. La recurrente no formuló presentación alguna dentro de ese plazo.

En estas condiciones el a quo, como se indicó, concluyó que, al ser extemporáneas las ulteriores presentaciones, la demanda solo podía tener andamiaje en el escrito de fs. 5/6 y que éste no cumplimentaba los requisitos indispensables (arts. 23 y 25 del C.C.A.) por falta de los elementos necesarios para que fuera considerado como demanda.

Es oportuno recordar los términos en los cuales el agraviado había solicitado previamente la suspensión de plazos para ampliar la demanda contencioso administrativa –reserva de ampliar, de precisar hechos y objeto, de fundamentar, de imputar responsabilidades y de definir petición- porque todos ellos confirman la razonabilidad de la postura del a quo en punto a sostener la falta de sentido práctico en continuar con una causa en la que no se manifiesta un vicio ni se fundan motivos que pudieran sustentan una pretensión impugnatoria, a la que por otro lado, ni siquiera se define.

Así las cosas, no puede dejarse de advertir, que las objeciones que formula el recurrente no alcanzan a desvirtuar los argumentos desarrollados por el a quo. No se cumple, en este sentido, con la exigencia, que cabe para la presentación de cualquier recurso de inconstitucionalidad fundado en una supuesta arbitrariedad, de contener un análisis serio, concreto y pormenorizado de la sentencia recurrida y la demostración de que las argumentaciones que llevaron al pronunciamiento son erróneas o contrarias a derecho.

Cabe referirse también al agravio del recurrente en relación a que el a quo no habría tenido presente el escrito de fs. 26/35 del 23 de junio de 2015, en el que solicitó una medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo y a la vez amplió la acción principal, por todo lo que –según entiende la parte- no incumplió con lo dispuesto en los arts. 23 y 24 del C.C.A. En punto a esta presentación, aunque pudiese ser considerada una ampliación de demanda como lo pretende el recurrente, lo cierto es que también resultó extemporánea. El plazo ya se encontraba vencido desde el 11 de mayo de 2015. De modo que resulta inoficioso ingresar a este análisis.

En definitiva, la recurrente no desvirtúa los argumentos que sustentan la sentencia en crisis, sino que se limita a exponer meras discrepancias en torno a la solución definida por el a quo, y, siendo así cabe recordar que la arbitrariedad reviste carácter excepcional y su procedencia requiere constatar una decisiva carencia de razonabilidad en el fallo. Si la sentencia está suficientemente fundada –como lo está en el caso- cualquiera sea la apreciación que realice la parte respecto a su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Dr. Pablo Baca fue acompañado por los Dres. Sergio Ricardo González y Clara Aurora De Langhe de Falcone (no hubo disidencia).

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