Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nº B-269.396/2012 (Tribunal Contencioso Administrativo –Sala I– Vocalía 1) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Alderete Eduardo Rodolfo y Flores Raúl Eduardo c/ Estado Provincial
Los recurrentes impugnaron la declaración de caducidad de la instancia por paralización del trámite tras faltar un testigo. La Sala III revocó la sentencia de grado por aplicar erróneamente la caducidad y ordenó continuar el proceso, con costas para la parte vencida y regulación de honorarios.
¿Quién es el actor?
Dr. Eduardo Rodolfo Alderete (por sus propios derechos) y Dr. Julio César Norry en representación de Raúl Eduardo Flores.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial (Provincia de Jujuy).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna la declaración de caducidad de la instancia dictada por la Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo (suspensión del proceso por inactividad procesal).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a los recursos de inconstitucionalidad presentados por Alderete y Norry, se revocó la sentencia de grado que había declarado operada la caducidad de la instancia, y se devolvieron los autos para que la causa continúe de acuerdo a su estado; se impusieron las costas a la vencida y se regularon honorarios por $5.000 para cada recurrente.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En efecto, no puede extraerse de esa presentación que dependía del justiciable la continuidad del trámite, concretamente a través de la denuncia de un nuevo domicilio o de la actual residencia del testigo propuesto, pues ninguna de estas circunstancias surge de aquella presentación o de otros elementos de la causa. El letrado sólo informó que no le había sido posible contactar al testigo porque estaba de vacaciones, en la ciudad de Buenos Aires, donde se hallaba un familiar enfermo, pero nunca refirió un cambio de domicilio, por lo que correspondía la fijación de nuevas fecha y hora para la declaración y una nueva citación en el mismo domicilio.
Ello así y dado que el trámite del juicio se encontraba en estado avanzado, siendo esta testimonial la única prueba pendiente de producción, pesaba sobre el órgano judicial el deber de disponer lo que correspondía para proseguir la causa, ya sea fijando fecha de audiencia para tomar la declaración faltante o bien haciendo uso de las facultades conferidas por el art. 55 del CCA, clausurando la etapa probatoria y poniendo los autos en estado de alegar (art. 57 CCA).
Es así que en el sub lite se han ponderado erróneamente elementos de la causa."
Además, sobre la normativa aplicable y principios procesales:
"La norma transcripta importa la vigencia del principio dispositivo dentro del proceso contencioso administrativo, por el cual las partes asumen la carga de urgir su desenvolvimiento y decisión. El principio consagrado en el art. 150 de la Constitución Provincial, a su vez, dispone la obligación para los magistrados de dirigir el proceso y evitar su paralización, lo que no significa poner en cabeza de los jueces la carga de doblegar la desidia de las partes. Una correcta hermenéutica debe permitir la convivencia de ambas normas, por lo que se hace ineludible ponderar los elementos de la causa para la correcta solución del caso.
No puede perderse de vista, por otro lado, que la caducidad de instancia es un modo anormal de terminación del proceso, por lo tanto de interpretación restrictiva, por lo que su aplicación debe adecuarse a ese carácter, sin hacer cargar al justiciable con actividades que no le son exigibles en tanto la ley adjetiva no se las atribuya. Cuando no pesa sobre la parte la carga procesal de impulso, su inactividad no puede ser tomada como abandono de la instancia, pues ello importaría imputarle las consecuencias del incumplimiento de una obligación que no estaba a su cargo (confr. “Fallos” 323:1839 y 2498; 322:2283)."
¿Cómo votaron los jueces?
La Dra. De Falcone votó en disidencia proponiendo confirmar la caducidad. Entre sus considerandos (resumen de su postura) sostuvo que, abierta la causa a prueba, correspondía a la parte actora impulsar el proceso y denunciar el domicilio del testigo faltante; por ello entendía operada la caducidad y el rechazo de los recursos. (La decisión mayoritaria, sin embargo, rechazó esa interpretación y admitió los recursos.)
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