JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

C.A.P.J.: Vega Débora Noemí c/ Estado Provincial

La actora promovió demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra el Estado Provincial solicitando la revocación del Decreto Nº 3961-MS-2017 que dispuso su cesantía por abandono de servicio. La Cámara declaró operada la caducidad de la instancia por dilaciones imputables a la actora y, en consecuencia, rechazó la continuidad del trámite, imponiendo costas a la actora y difiriendo la regulación de honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C--97947/2017
Contencioso administrativo Caducidad de la instancia Caducidad Reserva en secretaria Decreto n? 3961-ms-2017 Cesantia por abandono de servicio Costas Honorarios Art. 67 c.c.a. Estado provincial

¿Quién es el actor?

Débora Noemí Vega, DNI Nº 30.029.179.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial (Provincia de Jujuy).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita que al momento de dictarse sentencia se revoque el Decreto Nº 3961-MS-2017 de fecha 14/06/17 que dispuso la cesantía de la actora por abandono de servicio; además se pidió reserva en Secretaría y suspensión de plazos hasta acceder al expediente administrativo.

¿Qué se resolvió?

La Sala II del Tribunal en lo Contencioso Administrativo declaró operada la caducidad de la instancia, impuso las costas a la actora y diferió la regulación de honorarios profesionales; ordenó protocolizar, hacer saber, devolver las actuaciones administrativas y archivar oportunamente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En tal sentido y sin perjuicio de la opinión personal de los suscriptos, la cuestión debe analizarse conforme lo resuelto en idéntica situación por el Superior Tribunal de Justicia en sentencia registrada al L.A. 2 Nº 268 donde se dejó establecido que: 'El instituto cuya aplicación solicitó la demandada está disciplinado en el capítulo II del título V del Código Contencioso Administrativo. Tuve ya oportunidad de sostener en sentencia recaída en el expediente Nº 4069/2005: “Ávila, Marcela Luciana c/ Estado Provincial” (L.A. 49 Nº 998) que aún cuando el instituto regulado en el Código Contencioso Administrativo tiene previsiones esencialmente iguales a las del Código Procesal Civil, algunos de sus efectos difieren. Y ello se explica porque en la órbita del derecho público en la que está incorporado, rigen otros principios que no pueden soslayarse. Dije entonces y reitero, una vez más, la postura asumida en oportunidad de pronunciarme en “Banco de la Provincia de Jujuy c/ Emilio Luis Mamaní” (L.A. 49 Nº 56) y en ‘Julián, Carmen Rosa y Gaspar, Claudia c/ Servicios y Mantenimiento, Luis Fernando González y Agua de los Andes S.A.’ (L.A. Nº 122), en los que dejé expresada mi coincidencia con la doctrina legal diseñada por este Superior Tribunal de Justicia en su anterior integración, particularmente a partir de ‘Huerta c/ Raúl Quintar’ (L.A. 38 Nº 54) del 15 de febrero de 1995, doctrina cuyos postulados ciñen fuertemente los límites del instituto de la caducidad de la instancia dejando bien reducido el campo de su aplicación. Sostuve en la ocasión que sin dudas al Juez atañe, en su rol de director del proceso, darle impulso hasta su finalización para que el proceso alcance el fin que lo justifica: llevar a las partes enfrentadas en la contienda la justa composición de sus intereses y hacerlo en tiempo razonable, conforme lo manda ahora expresamente la Constitución de la Provincia y es regla elemental de nuestro derecho adjetivo, volcado en la letra de los arts. 2, 3, 10 y concordantes del C.P.C. Pero también dije que ese deber ‘no significa relevar a las partes del cumplimiento de las obligaciones que le son propias y que no sólo es necesario para alcanzar ese fin, sino -tratándose de la actora- para poner en evidencia o, cuanto menos, dar indicios de la subsistencia del interés que la llevó a demandar’ ya que ‘así como el interés es la medida de las acciones (como reza el viejo aforismo) sólo en tanto perdura, el proceso continúa vivo pues lo contrario provoca mantener latente indefinidamente el conflicto, lo que en nada contribuye al buen servicio de justicia’. También dejé sentado que ‘entre las amplias facultades que al Juez compete como director del proceso no está la de doblegar la desidia o dejadez de las partes ni resistir su desinterés…'.'"

"En consecuencia y conforme lo parámetros antes expuestos, siendo que a partir de la cédula de fs. 30 (notificada en fecha 07/05/18) la actora tuvo conocimiento del expediente administrativo requerido al momento de solicitar la reserva en Secretaría de la demanda, y habiendo ampliado la misma recién el 03/05/19 (conforme constancias de fs. 68/78), ha dejado transcurrir con creces el plazo previsto por el art. 67 del C.C.A., por lo que corresponde declarar operada la caducidad de instancia."

"Es de destacar que igual criterio sostuvo esta Sala en Expte. Nº C-097.974/17, caratulado: 'Contencioso Administrativo de plena jurisdicción: Torres, Noemí del Valle c/ Estado Provincial', recientemente confirmado por el S.T.J. en sentencia registrada al L. A. 4 Nº 138."

¿Cómo votaron los jueces?

No se consignan votos en disidencia en la parte resolutiva ni en los considerandos aportados.

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