Amparo Genérico: Caro Gladys Verónica - Durán Nilda Mabel c/ Estado Provincial - Ministerio de Educación - Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy
Se solicitó medida cautelar en acción de amparo contra la Resolución N° 3050-D.E.Sec-2019 que apartó preventivamente a docentes y personal auxiliar. La Cámara rechazó la medida cautelar por ausencia de verosimilitud del derecho y de peligro en la demora, advirtiendo que admitirla sería un anticipo de jurisdicción.
¿Quién es el actor?
Dr. Héctor Darío Marcelo Quirós en representación de Gladys Verónica Caro y Nilda Mabel Durán (accionantes).
¿A quién se demanda?
Estado Provincial - Ministerio de Educación - Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se pidió dejar sin efecto y declarar la nulidad de los artículos 1° y 2° de la Resolución N° 3050-D.E.Sec-2019 y, en forma cautelar, suspender los efectos del acto que dispone el apartamiento preventivo de los cargos y la autorización para designar personal reemplazante mientras se sustancia el sumario.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la medida cautelar peticionada; se difirió la imposición de costas y la regulación de honorarios para la oportunidad de dictar sentencia definitiva.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Bajo estas condiciones, dentro del estrecho límite cognitivo propio de las medidas cautelares, resulta oportuno advertir que, en principio y sin que ello importe anticipar apreciaciones que son propias de la sentencia de mérito, no convergen en la especie, los requisitos básicos para hacer atendible el pedido, tales, la verosimilitud del derecho invocado, la urgencia en su establecimiento, y la imposibilidad de ulterior reparación.
Analizada la resolución cuya impugnación se persigue por la vía del amparo, surge claro que el primero de los recaudos no se acredita, toda vez que en el marco de sus atribuciones dispone iniciar la investigación sumarial en contra de los docentes antes mencionados por supuestas irregularidades cometidas en la Escuela de Comercio N° 1 de la ciudad de Perico, para apartarlos de sus cargos en forma preventiva a partir del 20/08/19, y ordenar cumplan funciones en distintos establecimientos que allí indica hasta tanto culmine la investigación.
Admitir la medida cautelar en los términos que la solicitan y con la prueba hasta aquí colectada, constituiría en definitiva un anticipo de jurisdicción favorable del Tribunal que no puede aceptarse.
Por lo demás, no surge acreditada ni se demuestra las causales por las cuales debe determinarse la suspensión de los efectos del acto. En primer lugar, examinado el acto, objeto de impugnación agregado a fojas 06, no advertimos “prima facie” la nulidad por incompetencia o violación manifiesta de la ley. Sólo se trata de actos adoptados por la Administración en forma preventiva frente a conductas supuestamente irregulares de los agentes involucrados.
La presunción de legitimidad de los actos administrativos responde a una necesidad funcional: que la Administración no esté obligada a acreditar ante la justicia la legalidad de sus actos para ejecutarlos.
En segundo lugar, además de indicarse un razonable orden de probabilidades sobre la existencia del derecho que pueda asistir a los peticionantes, debe contarse con una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro de ese derecho que esgrimen los demandantes, es decir debe acreditarse el peligro en la demora, lo que no sucede en el caso. No se acredita en esta instancia que exista la posibilidad de amenaza, o inminencia de causarse un daño de consecuencias irreparables, puesto que, en principio se trata de medidas preventivas, y hasta tanto se culmine con la investigación sumarial.
Por otra parte, ni la urgencia ni el peligro surgen evidentes y claras, desde que se advierte que la situación traída a consideración de este Tribunal data del mes de agosto de 2019, articulando esta acción en fecha 09/12/19."
¿Cómo votaron los jueces?
no consta disidencia en el acuerdo publicado.
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