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Cámara de Apelaciones

Riesgo de Trabajo: Pedro Pablo DOMÍNGUEZ c/ Provincia Aseguradora de Riesgo de Trabajo S.A

El actor promovió acción por accidente de trabajo reclamando prestaciones dinerarias y en especie y la indemnización adicional prevista por la ley 26.773. La Cámara declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la Ley 24.557, hizo lugar a la demanda contra PROVINCIA ART S.A. y condenó a la aseguradora al pago de la indemnización por incapacidad (10,25%) y prestaciones en especie, difiriendo el cálculo para ejecución.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal del Trabajo-Sala III (JUJUY)
Fuero
Tribunal del Trabajo-Sala III
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-18479/2014
Riesgos de trabajo Inconstitucionalidad arts. 21-22-46 lrt Incompetencia de comisiones medicas Indemnizacion por incapacidad (10 25% t.o.) Ley 26.773 Pago unico Prestaciones en especie (psicoterapia) Tasa activa bna Pericia medica Costas a la aseguradora.

¿Quién es el actor?

Pedro Pablo Domínguez.

¿A quién se demanda?

PROVINCIA ART S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Prestaciones dinerarias y en especie por accidente de trabajo ocurrido el 11/09/2013; indemnización adicional de pago único (art. 3 ley 26.773); actualización por RIPTE y tasa activa; recalificación profesional; reparación por incapacidad derivada del accidente.

¿Qué se resolvió?

Se declaró la inconstitucionalidad, para el caso, de los arts. 21, 22 y 46 de la Ley 24.557; se hizo lugar a la demanda y se condenó a PROVINCIA ART S.A. a abonar la indemnización por incapacidad (fijada en 10,25% de la T.O.), prestaciones en especie (psicoterapia: 9 meses, dos sesiones semanales) y costas a cargo de la demandada; se difirió el cálculo del monto indemnizatorio, honorarios e intereses para la etapa de ejecución una vez firme la sentencia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Es preciso dejar aclarado que, como es sabido por todos los operadores jurídicos vinculados al fuero del trabajo, la ley 24.557 ha merecido numerosas declaraciones de inconstitucionalidad. Por ello, no es necesario profundizar sobre los argumentos que dan apoyo a la constitucionalidad o no de algunos de las disposiciones censuradas por la actora, en concreto sobre los arts. 21, 22 y 46 (comisiones médicas y competencia judicial). Este articulado ha sido ya analizado por el Máximo Tribunal nacional, y por los sobrados fundamentos aportados, corresponde que sean declarados inconstitucionales en el sub lite.

En el sentido expuesto, el Tribunal del Trabajo de la Provincia de Jujuy es competente en razón de lo resuelto en las causas “Castillo” y “Obregón” por la CSJN. Es importante enfatizar en la competencia del Tribunal del Trabajo con el aporte brindado por la doctrina especializada. Se ha dicho que: “La inconstitucionalidad directa y absoluta, en cambio, está claramente manifestada en el artículo 21 –como también en el apartado 3 del artículo 8º que, aunque parcialmente, anticipa una de las funciones de la comisión médica- cuando atribuye a un organismo de orden federal –en la calificación de la Corte Suprema- funciones propias de los gobiernos provinciales” (Ackerman, Mario E., “Ley de Riesgos del Trabajo Comentada y Concordada”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2013, pág. 347).

Es así que los arts. 21 y 22 de la LRT, en un claro apartamiento a las disposiciones constitucionales (art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional), sustraen la materia que se discute en este pleito de la justicia ordinaria, lo cual no puede ser admitido, máxime a la luz de lo previsto en el art. 145 inc. 2º y 149 inc. 1º de la Constitución Provincial."

"El Dr. Rubén Rivera, perito médico designado en autos, concluyó que el actor quedó incapacitado en un 17% de la T.O. por R.V.A.N. grado II tipo fóbico – ansiedades (incluidos los factores de ponderación), derivada del hecho relatado en la demanda. ... Al calcular la incapacidad que afecta al Sr. Domínguez el galeno aplicó los factores de ponderación de manera directa, lo que no se ajusta a la reglamentación vigente. Al 10% por R.V.A.N. grado II se debe adicionar los factores de ponderación analizados en este caso en concreto. El decreto 659/96 dispone que luego de determinada la incapacidad funcional se aplican tales factores. La finalidad de esa norma es incrementar el porcentaje de incapacidad (10%) por un valor también porcentual. Allí se dispone: “Cuando se hace referencia a incremento del porcentaje de la tabla, implica que se debe multiplicar por (1 + x%) el porcentaje de dicha tabla.”

... La solidez de los argumentos expuestos por el perito que se pronunció en autos (a excepción de lo expuesto sobre el cálculo de los factores de ponderación) y la proximidad del dictamen con esta sentencia hacen que se estime adecuado concluir que la incapacidad que afecta al actor es del 10,25% de la T.O. Por lo expresado, se evidencia que en el caso bajo estudio se reúnen los presupuestos necesarios que tornan viable la acción intentada, esto es, el accidente de trabajo, como la incapacidad de carácter definitivo del 10,25% de la T.O. derivada del mismo y constatada por la pericia médica, cuyas conclusiones no fueron debilitadas por los litigantes."

"Con relación a la forma de cancelación del monto de la indemnización, sobre la base de la aplicación de la ley 26.773, rige el pago único por el porcentaje de incapacidad del 10,25% de la T.O. ... Además de lo admitido precedentemente corresponde la indemnización adicional de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773... Al no contar en los presentes obrados con los elementos necesarios para determinar el monto indemnizatorio, se difiere su cálculo para la etapa de ejecución de sentencia, el que será elaborado con base en lo resuelto ut supra, en las constancias de autos, y con la documentación que se estime menester requerir, una vez firme el resolutorio."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de la Sala (Dr. Ontiveros voto con los fundamentos desarrollados; Dr. Galíndez y Dra. Bianco adhirieron).

Leyes que cita

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