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Cámara de Apelaciones

RIESGO DE TRABAJO: OMAR AGUSTIN RUIZ c/ ESTADO PROVINCIAL en los que: La Dra. Elsa Rosa Bianco, dijo: I.- Por estos obrados comparece el Dr. CARLOS ARIEL MEYER en representación del Sr. OMAR AGUSTIN RUIZ promoviendo demanda en contra del ESTADO PROVI

El actor promovió demanda por accidente de trabajo reclamando indemnización tarifada y prestaciones en especie contra el Estado Provincial. La Sala III del Tribunal del Trabajo hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la LRT y condenó al pago único de $341.587,69 más intereses.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal del Trabajo-Sala III (JUJUY)
Fuero
Tribunal del Trabajo-Sala III
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
B-40845/2015
Riesgo de trabajo Accidente de trabajo Incapacidad permanente parcial Tabla de evaluacion lrt Factores de ponderacion Inconstitucionalidad lrt (arts. 21 22 Indemnizacion tarifada Provincia empleadora Costas Honorarios.

¿Quién es el actor?

Omar Agustín Ruiz, representado por el Dr. Carlos Ariel Meyer (luego también por el Dr. Benjamín Magliano Meyer).

¿A quién se demanda?

Estado Provincial (Provincia de Jujuy), patrocinado por la Procuradora Fiscal Dra. Agustina Alurralde y el Dr. Guillermo Ariel Ahrendts.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización tarifada y prestaciones en especie en los términos de la Ley N° 24.557 por accidente ocurrido el 10/02/2013, por considerarse empleador no asegurado y por inaplicabilidad del reclamo administrativo previo.

¿Qué se resolvió?

Se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la LRT; se hizo lugar a la demanda y se condenó al Estado Provincial a abonar en un solo pago $341.587,69 (capital histórico $108.068,05 más intereses hasta 13-12-19 $233.519,64), con más intereses hasta pago efectivo; se impusieron costas a la demandada y se regularon honorarios profesionales y del perito.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“Si bien no corresponde apartarse del dictamen médico –el que no fuera observado por las partes- por cuanto se encuentra científicamente fundado y no existen en autos circunstancias o situaciones fácticas o pruebas de igual jerarquía que destruyan tal dictamen, por lo que no cabe más que concluir que las dolencias de la actora son consecuencia del accidente de trabajo que sufriera el 10 de febrero del 2013 y teniendo en cuenta lo sostenido reiteradamente por el STJ cuando dijo: ‘por principio, para apartarse de las conclusiones acercadas por el perito, el Tribunal debe hallarse asistido de razones muy fundamentadas, porque si bien es cierto que las normas procesales no acuerdan al dictamen carácter de prueba legal y le permiten al magistrado formar su propia conclusión al respecto, es evidente que su apartamiento de esas conclusiones, en cuanto importan una apreciación crítica en un campo del saber naturalmente ajeno al hombre de derecho, habrá de apoyarse en otros elementos de juicio que permitan concluir el error o el inadecuado uso que el perito ha hecho de sus conocimientos científicos de que ha de suponerse dotado’ (L.A. 43, Fº 500/503, Nº 188)” (L.A. 58, Nº 1152).”

“Tal como se expuso, ninguno de los factores se debe aplicar con el procedimiento de la capacidad restante que se utiliza para fijar la incapacidad funcional, precisamente porque cuentan con una operatoria propia para su incorporación. Entonces, una vez establecidos los porcentajes según las variables o en forma directa (en el caso de la edad) deben ser sumados y obtener un único porcentaje, que luego se traslada a la fórmula. Ésta, no hace más que resolver en qué porcentaje se incrementa la incapacidad funcional con los factores de ponderación: al indicar 1 + X% refleja que al entero del porcentaje de incapacidad funcional (1) le suma los factores de ponderación (X%). … Con estos guarismos ya definidos (que como se dijo no se suman directamente al porcentaje de incapacidad funcional) es el momento de aplicar la fórmula del decreto: 1 x (1 + 31,81%) lo que equivale a 11 x 1,3181 y da como resultado un 14,4991% para la incapacidad que debe ser resarcida en los presentes autos, incluidos los factores de ponderación.”

“Consecuentemente con lo dicho, corresponde hacer lugar a la demanda por el porcentaje de incapacidad que fuere determinado o sea el 14,4991% de la t.o., fijándose el monto indemnizatorio en la suma de pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 69/100 ($ 341.587,69), importe que deberá abonarse al actor en un solo pago.”

¿Cómo votaron los jueces?

El voto que integra la sentencia es el de la Dra. Elsa Rosa Bianco, con adhesión expresa de los Dres. Agustín Ontiveros y Gastón Galíndez, por lo que la solución expuesta es la de la mayoría unánime de la Sala III.

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