Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-047.570/2015 (Tribunal Contencioso Administrativo –Sala I- Vocalía 2) Interdicto de obra nueva: García Fabiola Alejandra c/ Rivadeneira Alberto; Mamaní Cirila
La actora promovió interdicto de obra nueva contra propietarios por supuesto cerramiento que le impide el acceso a la vía pública. La Sala III rechazó el recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que había desestimado la acción por tratarse de una obra ya concluida y por ausencia de perjuicio, con imposición de costas y regulación de honorarios.
¿Quién es el actor?
Fabiola Alejandra García (representada por Dr. Luis Enrique Gonza).
¿A quién se demanda?
Alberto Rivadeneira y Cirila Mamaní (y sucesores/herederos).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Interdicto de obra nueva solicitando la suspensión y demolición de una obra que impediría el acceso de la actora a la vía pública (pretensión posesorio/acción de obra nueva).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de fecha 5/9/2018 que había rechazado la acción; se impusieron las costas a la recurrente y se regularon honorarios (Dras. Mafalda Paz Pinto y María Ángela Seguí $11.250 c/u; Dr. Luis Enrique Gonza $7.875).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La Sala Primera del Tribunal Contencioso Administrativo de la Provincia de Jujuy –mediante sentencia dictada el 5 de septiembre de 2018- rechazó la acción deducida por Fabiola Alejandra García en contra de Alberto Rivadeneira y Cirila Mamaní, impuso las costas a la vencida y reguló los honorarios profesionales.
Para así decidir, dejó sentado que el interdicto de obra nueva es una pretensión en cuya virtud quien resulta afectado en la posesión o tenencia que ejerce sobre un bien inmueble a raíz del comienzo de ejecución de una obra nueva, reclama que ésta se suspenda durante la tramitación del proceso y se disponga su destrucción en oportunidad de la sentencia definitiva."
"La recurrente se limita a reiterar argumentos expuestos en la instancia de grado para justificar la pretensión (que la obra realizada por los demandados le causa un daño, en el caso, cerramiento o impedimento para acceder a la vía pública) sin hacerse cargo de los fundamentos dados por el Tribunal, el que luego de dejar sentado los requisitos para la procedencia de la acción impetrada, valoró la prueba producida y concluyó que no solo la obra se encuentra terminada sino que además tiene varios años."
"Respecto al agravio sobre la imposición de costas dispuestas por el a quo, en reiteradas oportunidades este Superior Tribunal de Justicia sostuvo que '… la distribución de los gastos causídicos, dada su naturaleza fáctica y procesal, es materia reservada a los jueces de la causa y ajena a esta instancia extraordinaria'. Dicho principio puede ceder, pues no es absoluto e inflexible..., pero en la especie no se configura ningún supuesto que autorice a apartarme de aquella regla, ya que las costas han sido impuestas conforme el principio consagrado en el art. 102 del Código Procesal Civil, y no existen razones que justifiquen apartarse del mismo."
(Voto principal y adhesiones: Dr. Sergio R. González votó por el rechazo; los Dres. Pablo Baca y Clara D. L. de Falcone adhirieron.)
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