Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº C-085.188/2017 (Tribunal Contencioso Administrativo – Sala II – Vocalía 3) Contencioso administrativo de plena jurisdicción. Flores Argentina del Valle Lucila c/ Poder Ejecutivo-Estado Provinci
La actora impugnó la denegatoria de recategorización y la inconstitucionalidad del art. 7 del Decreto reglamentario Nº 8865-H-2007 (ley 5502), solicitando recategorización con retroactividad y diferencias salariales. El Superior Tribunal de Justicia confirmó el rechazo, entendiendo que la actora se sometió voluntariamente al régimen administrativo y que no existe arbitrariedad ni inconstitucionalidad en la norma que supedita efectos presupuestarios.
¿Quién es el actor?
Flores Argentina del Valle Lucila (actora).
¿A quién se demanda?
Poder Ejecutivo - Estado Provincial.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Declaración de inconstitucionalidad del art. 7 del Decreto reglamentario Nº 8865-H-2007; revocación del Decreto Nº 1758-E/2016 que rechazó la recategorización de la actora a la categoría 24 con retroactividad (se peticionó retroactividad a diciembre de 2012, en subsidio enero de 2014, y en el trámite administrativo a marzo de 2006); pago de las diferencias salariales desde la fecha reclamada.
¿Qué se resolvió?
No hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad; imponer costas a la parte recurrente; regular honorarios al apoderado de la actora en $8.505 (Ley 6112) más IVA si corresponde; notificar por cédula.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Pues bien, este Superior Tribunal ha considerado innumerables veces la constitucionalidad en el orden local de la exigencia del agotamiento previo de la vía administrativa (L.A. 47, Nº 21; L.A. Nº 46, F 666/669 N 265, etc.), así, el posible conflicto o debate contencioso administrativo, como regla general, comienza en sede propia de la administración pública. Allí queda, por eso mismo, delimitada la pretensión a ventilarse en sede judicial, de conformidad al segundo párrafo del art. 6 del CCA, al disponer que: 'El reclamo al que se refiere el apartado anterior versará sobre los mismos hechos y derechos que fueran a invocarse en la eventual demanda judicial…'. Por esto, cuando la pretensión judicial no es plenamente coincidente con la propuesta en sede administrativa, acontece una violación a la regla de congruencia contemplada en el art. 6 del CCA. Tal como ha sucedido el caso sub examine, aun cuando el Estado no haya ejercitado la excepción que tenía a mano."
"En esta dirección, además, la parte recurrente ha solicitado la revisión de la sentencia recurrida a este Superior Tribunal sin expresión de agravios por arbitrariedad referentes a lo que constituía la pretensión esencial en la anterior instancia en torno a la petición retroactiva de recategorización de la ley 5502 y sobre lo que resolvió correctamente el Tribunal de grado. Era imprescindible controvertir la razonabilidad de los argumentos de hecho y de derecho desarrollados por el Tribunal de grado para rechazar la pretensión de inconstitucionalidad del art. 7 del Decreto reglamentario Nº 8865-H-2007 y la revocación del Decreto Nº 1758-E-2016, y, por ende, dirimir su legitimidad (Cfr. doctrina de la CSJN Fallos 295:1030; 304:1444, entre otros). Revisar el fallo recurrido en esta última instancia provincial sin un concreto cuestionamiento dirigido a sostener la inicialmente pretendida revocación del Decreto Nº 1958-E-2016, que alcance a refutar lo juzgado por la sentencia del a quo conforme a la pretensión original de la parte accionante, no es jurídicamente procedente."
"En efecto, y por lo demás, el Tribunal de grado ha dado dos fuertes razones para no declarar inconstitucional el aludido art. 7 del Decreto reglamentario Nº 8865-H-2007, en el que se establece que: 'Las solicitudes de acogimiento al Régimen de la ley 5502 deberán ser presentadas por los interesados hasta el 1 de julio de cada año a la Unidad de Organización a la que pertenecen, a fin de posibilitar las previsiones presupuestarias y la adecuación de las categorías a partir del año inmediato siguiente a la petición'. Una razón consiste en el sometimiento voluntario que consta a fs. 1 del expediente administrativo Nº 1050-472-2016 al régimen de la ley 5502, incluido su Decreto reglamentario Nº 8865-H-2007, sin que se haya impugnado entonces la validez constitucional de tales normas jurídicas, y, por esto, no es posible colocar en tela de juicio con posterioridad a aquél momento oportuno su validez constitucional (cfr. L.A. 54, Nº 4 y CSJN, Fallos 297:285; 298:368; 302:346, etc.). La otra razón es que este Superior Tribunal ha considerado, también, que no se han dado objeciones incontestables en casos análogos que conduzcan a la inconstitucionalidad de los regímenes que sujetan la plenitud de ciertos derechos patrimoniales al ejercicio de previsiones presupuestarias de la administración pública (cf. L.A. 2, Nº 230 del 2017)."
¿Cómo votaron los jueces?
el Dr. Pablo Baca (voto principal) resolvió por no hacer lugar; el Dr. Sergio R. González y la Dra. Clara A. De Langhe de Falcone adhirieron (decisión por unanimidad).
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