Ordinario por daños y perjuicios y daño moral: Suarez Raúl Alberto c/ Aguirre Fabio, Churquina Olga, EnriQuez Juan y Club Herminio Arrieta
Los actores demandaron por daños y perjuicios derivados de una puñalada sufrida en un baile realizado en el Club Herminio Arrieta; reclamaron reparación integral por el incumplimiento del deber de seguridad. La Cámara hizo lugar a la demanda y condenó solidariamente al Club y a Enríquez Producciones a pagar $300.000, por vulneración del deber de seguridad en una relación de consumo.
¿Quién es el actor?
Raúl Alberto Suárez (inicialmente representado por sus padres; luego continuó personalmente al adquirir la mayoría de edad).
¿A quién se demanda?
Centro Cultural y Deportivo Ingeniero Herminio Arrieta (Club Herminio Arrieta); Juan Alberto Enríquez y/o Enríquez Producciones; y en su momento se demandó a los progenitores de Fabio Jonatan Aguirre (Juan Aurelio Aguirre y Olga Churquina).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por daños y perjuicios (daño material, daño moral y posible incapacidad sobreviniente) derivados de una puñalada sufrida dentro de las instalaciones del club en ocasión de un espectáculo bailable organizado por Enríquez, por incumplimiento del deber de seguridad en el marco de una relación de consumo.
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron las defensas de defecto legal, caducidad y prescripción opuestas por el Club; se hizo lugar a la demanda, condenando solidariamente al Club Herminio Arrieta y a Juan Alberto Enríquez/Enríquez Producciones a abonar $300.000 en concepto de reparación integral, con costas a los vencidos; se rechazó la demanda contra los progenitores de Fabio Jonatan Aguirre; se regularon honorarios y pericia.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) Sobre la configuración de la relación de consumo y el deber de seguridad:
“Consecuentemente se ha configurado una relación de consumo (arts. 1092, 1093, CCyC; arts. 1, 2 y 3, LDC) entre el actor y los organizadores del evento (empresario y el club), perfeccionándose un contrato de consumo con destino final. [...] Es decir que estamos frente a una típica relación de consumo, surgiendo en forma principal la obligación de brindar seguridad a todos los concurrentes conforme el art. 5, 6, 40 LDC y 42 de la Constitución Nacional.
Cabe señalar que la LDC consagra el deber de seguridad garantizando la protección de los intereses económicos de los consumidores y usuarios, la garantía de incolumidad físico-psíquica, protegiendo su salud y seguridad, o sea preservando su integridad de acuerdo al artículo 5 de la LDC pues 'las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados de forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios'.”
2) Sobre la responsabilidad objetiva y la prueba de la eximente:
“La responsabilidad será solidaria y sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena, ya sea a través del hecho de la víctima, del comportamiento de un tercero extraño por quien no se debe responder, o del caso fortuito o fuerza mayor. [...] Justificado así el incumplimiento, la culpa se presume, de modo que eventuales hechos eximentes o excluyentes deberían ser invocados y probados por la demandada.”
3) Sobre la cuantificación del daño moral y la condena:
“Seamos claros: ‘El daño moral no es el dolor, la pena o el sufrimiento que una persona experimenta (y aquello que el placer que posibilita el dinero procuraría compensar), sino una modificación disvaliosa en la subjetividad del damnificado derivada de la lesión a un interés no patrimonial…’ el que debe cuantificarse a valores del momento de la sentencia. En estas condiciones y en línea con el razonamiento expresado aunado con la sana crítica racional y lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional estimo la indemnización por este rubro en la suma de pesos trescientos mil ($300.000) que los condenados deberán abonar al actor…”
4) Sobre la exclusión de la pretensión de incapacidad y perjuicio psicológico:
“el médico designado Dr. Eduardo Miguel Paz dictaminó que 'el actor no presenta alteración alguna de su estado de salud derivado del siniestro acontecido el día 10/07/2005. Ergo, la incapacidad es inexistente.'... Igual suerte debe correr el perjuicio psicológico insinuado [...] al no haberse acreditado el daño.”
¿Cómo votaron los jueces?
El voto del Dr. Gustavo Alberto Toro fue el que contiene los fundamentos; los Dres. Horacio J. Macedo Moresi y Silvia E. Yécora adhirieron integralmente al mismo. No hubo disidencias.
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Leyes que cita
- Ley 24.240Defensa del consumidor
- Ley 26.994Codigo civil y comercial de la nacion
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