Amparo Genérico: Luscubir Dino Jaime c/ Municipalidad de Palpalá
El actor promovió acción de amparo contra la Municipalidad de Palpalá solicitando la nulidad del Decreto N° 1455/19 y su reincorporación a planta permanente. La Sala II del Tribunal en lo Contencioso Administrativo rechazó el amparo por improcedente, entendiendo que la vía del amparo es excepcional y que el pase a planta adolece de falta de partida presupuestaria y de ratificación por el Concejo Deliberante.
¿Quién es el actor?
Sr. Dino Jaime Luscubir (DNI 13.828.487).
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Palpalá.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de amparo genérico contra el Decreto N° 1455/19 solicitando medida cautelar de no innovar, la declaración de nulidad del decreto y la reincorporación del actor a su puesto de trabajo, con reconocimiento de su pase a planta permanente (Decreto N° 764/19) y percepción de remuneraciones.
¿Qué se resolvió?
Rechazar la acción de amparo; imponer costas a la parte actora y regular honorarios (P. Hernández $15.180 y H. C. Palomares $10.626).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que en palabras más sencillas, la acción de amparo sigue siendo una vía excepcional, y residual, en concordancia con la doctrina sentada por la Corte Suprema De Justicia de la Nación, y conforme se expidiera el despacho de mayoría de la Convención Constituyente que resulta a la postre fuente interpretativa necesaria e ineludible para asignar el justo alcance que merece este precepto constitucional."
"Que de tal forma, anticipo que en mi criterio, con relación a la idoneidad de la vía, tampoco los procedimientos administrativos y el eventual proceso judicial contencioso, resultan susceptibles de ser sustituidos y desplazados por el proceso sumarísimo previsto para el amparo, cuando se cuenta con las vías procesales ordinarias para la interposición de la acción contenciosa."
"Que sin perjuicio de lo expuesto, del Decreto Nº 764/19 no surge cual sería la partida presupuestaria con la que se atendería la erogación que demande la ejecución de ese acto y no encontrándose acreditada en autos la existencia de partida específica para la designación del actor al momento de la emisión del acto, ni disponibilidad presupuestaria para la liquidación de sus haberes en la categoría asignada por el mismo, resulta imposible que este Tribunal reconozca validez a ese instrumento, menos aún, cuando el mismo tampoco fue ratificado por el Concejo Deliberante, órgano encargado de establecer las normas presupuestarias."
"Que ello torna improcedente la acción tentada conforme se ha sostenido en autos Nº B-53.816/2000, caratulado: “Pérez Andrés Abel y otros c/ Comisión Municipal de Pampa Blanca”, donde se dijo que '… la cuestión materia de debate obliga al análisis exhaustivo de la contabilidad pública a los fines de determinar si se cumplen los recaudos previstos específicamente en nuestra Constitución Provincial y normas presupuestarias ...'), que sólo podrían ser determinadas tras un amplio dictamen pericial contable -no propuesto en este proceso- y que tampoco puede ser realizado en el marco del juicio sumarísimo.'"
(Voto de mayoría: Dr. Sebastián Damiano; adhesión del Juez Fernando Raúl Pedicone.)
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