Amparo Genérico: Pioli, Mariano Ernesto c/Estado Provincial - IVUJ
El actor promovió acción de amparo genérico solicitando que el Estado Provincial (IVUJ) le entregue o adjudique una vivienda digna o la alquile a su costa por vicios de construcción y filtraciones. La Sala II del Tribunal en lo Contencioso Administrativo rechazó la acción por improcedente de la vía del amparo, por inexistencia de arbitrariedad manifiesta y por existir vía administrativa pendiente; impuso costas y reguló honorarios en $28.800.
¿Quién es el actor?
Mariano Ernesto Pioli (DNI N° 24.611.366), con patrocinio del abogado Rodrigo S. Machado.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial – Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se pidió que se condene al IVUJ a entregar o adjudicar otra vivienda en condiciones dignas y seguras o a alquilar una vivienda a costa del Estado, invocando vicios de construcción, filtraciones de agua, humedad y riesgo para la salud del grupo familiar.
¿Qué se resolvió?
Rechazar la acción de amparo interpuesta por Mariano Pioli; imponer las costas por el orden causado; regular honorarios del abogado del actor en $28.800 con intereses y demás formalidades.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que en este estado y más allá de dejar a salvo la posibilidad del actor de hacer valer sus derechos por la vía pertinente, entendemos que la demanda tentada no puede tener favorable acogida.
Que ello así, toda vez que el proceso de amparo no es la vía idónea para formular un reclamo de la naturaleza como el que nos ocupa, donde los extremos a acreditar, para su procedencia, requieren de un marco probatorio de mayor amplitud y conocimiento, que -como es de prever- resultan ajenos a la acción de amparo.
Que en apoyo a las conclusiones anticipadas cabe reiterar lo que de manera sistemática sostiene este Tribunal en lo Contencioso Administrativo en la materia: '...conforme la tradicional doctrina sentada por los casos Siri y Kot, el amparo procede siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales. De tal modo el amparo resulta procedente ante una acción u omisión de la autoridad pública que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ciertos derechos constitucionales. Porque ello es así, la arbitrariedad o ilegitimidad que habilita la excepcional vía del amparo, debe evidenciarse con toda claridad, sin que sea menester producir pruebas ni profundizar en el análisis de modo o con alcance incompatible con la naturaleza y características de este abreviado procedimiento.'"
"Que por otro lado, de los antecedentes de la causa no se evidencia a priori o con suficiente grado de verosimilitud una conducta ilegítima o arbitraria por parte del Estado.
Que la ilegalidad se refiere a un proceder contrario a la ley vigente y la arbitrariedad a la forma de actuar basada sólo en la voluntad o el capricho sin obedecer a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes.
Que ha resuelto el Superior Tribunal de Justicia -en forma reiterada- que la acción de amparo es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba."
¿Cómo votaron los jueces?
El juez Sebastián Damiano votó por el rechazo con los fundamentos expresados y por la regulación de honorarios en $28.800; el juez Fernando Raúl Pedicone adhirió expresamente al voto precedente. El bloque dispositivo final consigna el rechazo, imposición de costas y regulación de honorarios.
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