Daños y perjuicios: Bonillo Mauricio Oscar c/ Barros Fernando E., Pezzuti Jorge y otro
El actor promovió demanda por daños y perjuicios por haberle impedido ejercer como chofer y socio cooperativista. La Cámara Civil y Comercial Sala IV rechazó la demanda por prescripción y por falta de antijuridicidad en la conducta atribuida a los demandados, y condenó en costas a la actora.
¿Quién es el actor?
Mauricio Oscar Bonillo (DNI 10.519.208).
¿A quién se demanda?
Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas (G.A.G. Ltda.), Fernando Esteban Barros (DNI 27.430.697) y Jorge Ernesto Pezzuti (DNI 12.856.448), en sus calidades de Presidente y Secretario respectivamente.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante y daño moral) derivados de la supuesta obstaculización para desempeñar sus labores como chofer y socio cooperativista.
¿Qué se resolvió?
Rechazar la demanda; imponer costas a la actora; regular honorarios y ordenar notificaciones y publicaciones (ver dispositivo 1° a 3°).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Por ello, la acción se encuentra prescripta y corresponde así declararlo rechazándose la demanda en su consecuencia, con costas."
"Claramente la misiva no tiene efecto interruptivo alguno pues, analizada que fuere, advertimos que pretende primeramente se aclare su situación que califica de laboral y que se le brinde información financiera bajo apercibimiento de considerarse injuriado y expulsado autoritariamente de la cooperativa. Luego, dice que si la respuesta no le satisface amenaza con recurrir a la justicia pues Barros tendría bienes muebles registrables, un inmueble nuevo o reformado y un lubricentro que antes no tenía y que ello le resulta confuso o sospechoso por lo que accionara penalmente. También que para todo ello solicitara la intervención y/o colaboración de distintos organismos para conocer los movimientos de los fondos suponemos que de Barros o de la cooperativa y si ello confirma sus sospechas surgirán algunas imputaciones penales que presume aplicara el fiscal o juez. Por último, pide que Barros y/o su familia y/o terceros dejen de proferir amenazas de muerte en su contra o de agresiones físicas o de incendiar sus vehículos, bajo apercibimiento (nuevamente) de formular denuncia, advirtiendo que ya realizó una en la seccional 39; tal el contenido de la misiva que no constituye en mora a los ahora demandados, careciendo por ende de efecto suspensivo."
"Y es que resulta inadmisible que un litigante pretenda fundamentar su accionar contrariando sus propios actos, es decir, asumiendo una actitud que lo viene a colocar en contradicción con su anterior conducta (Cfr. STJ L.A. 3 Nº 78, L.A 42 Nº 28 entre muchos otros), la doctrina de los propios actos guarda correspondencia con el postulado de la buena fe, en cuanto el ordenamiento jurídico impone el deber de proceder en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas con rectitud y honradez. Por tal motivo, nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto que integra el dispositivo es del Juez Gustavo Alberto Toro (Presidente de trámite); los Dres. Horacio José Macedo Moresi y Silvia Elena Yécora adhieren al voto del Presidente. No se registran disidencias.
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