CHAPPERON, SILVIA GRACIELA c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS

Incumplimiento de la obligación de emitir y pagar bonos de participación en las ganancias previstos en la Ley 23.696

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente a la demanda. El juez de primera instancia declaró inconstitucional el art. 4 del decreto 395/92 y aplicó la prescripción quinquenal. La Cámara confirmó esos criterios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El artículo 4º del decreto 395/92 es inconstitucional pues desatiende la finalidad perseguida por el art. 29 de la ley 23.696 y se convirtió en un motivo de frustración de las legítimas expectativa de los trabajadores, lo cual entraña la responsabilidad de la autoridad de aplicación, que debía velar por el correcto desarrollo del proceso de privatización". "No obstante el dictado de ese decreto –que colocaba a las empresas en una ilícita situación de privilegio– las adjudicatarias estaban obligadas a emitir los bonos conforme a la ley 23.696 y al bloque normativo que reguló la convocatoria al concurso público del que resultó vencedora la adjudicataria". "El Estado Nacional no es el sujeto obligado a la emisión de los bonos, pero responde por la demora sufrida en la percepción del monto de los bonos a los que tenían legítimamente derecho".