Mondilla, Amalia c/Galeno ART S.A. s/enfermedad/accidente de trabajo
La actora promovió demanda contra GALENO ART S.A. por enfermedades profesionales reclamada bajo la Ley de Riesgos del Trabajo. La Sala II del Tribunal del Trabajo hizo lugar a la demanda, declaró inconstitucionales las exigencias de trámite administrativo previo ante las Comisiones Médicas y condenó a la ART al pago de la indemnización correspondiente, difiriendo el monto hasta acreditar fecha de nacimiento y recibos de octubre/2016 a octubre/2017.
¿Quién es el actor?
Sra. Amalia Mondilla.
¿A quién se demanda?
GALENO ART S.A. (aseguradora de riesgos del trabajo contratada por la empleadora).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Prestaciones dinerarias por enfermedades profesionales e indemnización conforme Ley de Riesgos del Trabajo y Ley 26773 por dolencias en columna lumbar, rodillas, piel, vías respiratorias y lesiones visuales; se solicita reconocimiento de incapacidad y pago indemnizatorio correspondiente.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda; se condenó a GALENO ART S.A. a abonar la indemnización conforme lo considerado; se difirió la estimación del monto de condena hasta que las partes presenten constancias de la fecha de nacimiento de la actora y los recibos de haberes de octubre/2016 a octubre/2017; se impusieron las costas a la demandada y se difirió regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Por lo considerado y conforme lo dispuesto por los artículos 16, 18, 75, inc. 12, 116 y concordantes de la Constitución Nacional y el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, en tanto establece como garantía judicial la de ser juzgado por los jueces naturales y teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1 del Código Procesal del Trabajo, corresponde hacer lugar a la inconstitucionalidad planteada respecto del art. 46 LRT, así como de aquellos que imponen un trámite administrativo previo, así como el carácter vinculante de sus dictámenes (arts. 21, 22 y concordantes LRT) y el art. 6 inciso 1.b) LRT en tanto establece como resorte exclusivo de la Comisión Médica Central la facultad de considerar enfermedades profesionales a aquellas que no se encuentren listadas, privando de esta forma el acceso a la jurisdicción.
En base a ello entiendo que deben desestimarse los cuestionamientos efectuados por la demandada con fundamento en dichas normas, esto es la falta de legitimación pasiva por no encontrarse “listadas” las dolencias que se denuncian y la falta de acción por no haber transitado el trámite administrativo previo ante las Comisiones Médicas.
(...) Estimo que corresponde hacer lugar a la demanda y en consecuencia, condenar a la demandada al pago de la indemnización reclamada y que resulta del grado de incapacidad comprobado en autos (8,12%) y calculando su monto teniendo en cuenta la fecha de la primera manifestación invalidante (octubre 2017) y los salarios devengados por todo concepto durante el año inmediatamente anterior a esa fecha. Ahora bien, la estimación del monto de condena según pautas fórmula prevista por el art. 14.2.a) LRT y 3 de la Ley 26773 se difiere hasta tanto las partes arrimen constancia documentada de la fecha de nacimiento de la actora a fin de poder calcular el índice de edad y los recibos de haberes correspondientes al período comprendido entre octubre 2016 a octubre 2017 inclusive."
¿Cómo votaron los jueces?
Unanimidad por adhesión; el voto de la Dra. Montes expone los fundamentos y los Dres. Herrera y Rivas adhieren ("Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede"; "Adhiero a las conclusiones del voto de Presidencia de trámite").
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
- Ley 26.773Riesgos del trabajo
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