Enfermedad / Accidente de Trabajo: ALTAMIRANDA PATRICIA GABRIELA c/ GALENO ART S.A
La actora demandó a GALENO ART S.A. por indemnización prevista en la Ley 24.557 por el fallecimiento de su cónyuge por COVID-19. La Cámara del Trabajo rechazó la demanda por ausencia de prueba mínima del nexo causal entre el contagio y la tarea, con voto en mayoría que impuso costas y reguló honorarios.
¿Quién es el actor?
Patricia Gabriela Altamiranda, en su carácter de causahabiente de Víctor Hipólito Juan.
¿A quién se demanda?
GALENO ART S.A. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por muerte fundada en la Ley 24.557 (enfermedad profesional por COVID-19).
¿Qué se resolvió?
Por mayoría, Se rechaza la demanda y se imponen las costas a la actora; se regulan honorarios (monto detallado en la parte resolutiva).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción 1 (considerando decisorio del voto de Presidencia):
"En conclusión, brilla por su total ausencia en ésta causa, cualquier elemento –al menos indiciario- que nos permita siquiera presumir, que el Sr. JUAN en ocasión o con motivo de sus labores estuvo expuesto al agente de riesgo Covid-19 o en el trayecto de su casa al trabajo; no hay nexo causal alguno y ni siquiera –reitero- un indicio en tal sentido. No es suficiente probar, que una persona que se encontraba exceptuada del aislamiento social, preventivo y obligatorio y que no obstante ello cumplía tareas para un empleador que se encontraba exceptuado de aquél aislamiento, falleció de Covid-19. En mi opinión, se requiere probar al menos indiciariamente, la exposición del trabajador al agente de riesgo en ocasión o motivo del trabajo, es decir, un mínimo nexo causal, entre el ámbito laboral y la fecha presumible de contagio.
Por los argumentos expuestos, es que propicio el rechazo de la demanda."
Transcripción 2 (extracto sobre presunción y carga probatoria del mismo voto):
"Si bien es cierto que el DNU 327/2020 establece una presunción a favor del trabajador, tal como lo vengo sosteniendo en otros pronunciamientos, esas presunciones al ser iuris tantum, no operan de pleno derecho, sino que para que sean aplicadas, requieren, de cierta actividad procesal probatoria al menos mínima por parte del trabajador, lo que en la especie, brilla por su absoluta ausencia."
Transcripción 3 (voto en disidencia del Dr. Chazarreta, postura favorable a la actora):
"A partir de la sanción del decreto 367/2020 (BO: 14/4/2020) se dispuso que la enfermedad COVID-19, producida por el coronavirus SARS-CoV-2, se consideraría -presuntivamente- una enfermedad de carácter profesional -no listada-, ... La inclusión del Covid-19 en el listado de enfermedades profesionales conlleva la presunción “iuris tantum” de que es una enfermedad que debe indemnizarse, estando a cargo de la parte que se opone a ello la prueba de que no se cumplieron los requisitos que el decreto establece, y acá la aseguradora no acreditó de que el trabajador no haya fallecido de Covid ni que no era trabajador esencial, la calificación de enfermedad profesional dispensa al trabajador de extremos probatorios, está favorecido por la presunción y en el caso es Galeno quien debió extremar la prueba para destruir la presunción legal... En orden a lo expresado voy a propiciar se condene a Galeno ART al pago de las prestaciones dinerarias previstas en la ley de riesgos (art. 15 y 18) condenándose a la misma a abonar la suma de PESOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UNO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 11.477.901,65)."
(Se indica expresamente la existencia de voto en disidencia parcial que proponía la condena y regulación distinta de honorarios; la decisión mayoritaria sigue el voto de Presidencia.)
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
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