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Tribunal Superior

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-195.868/2008 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala II- Vocalía 5) “Ordinario por daños y perjuicios: Valero, Andrés; Piñero, Hilda c/ Estado Provincial

Los actores recurrieron por inconstitucionalidad contra la sentencia que rechazó demanda de daños y perjuicios contra el Estado Provincial y declinó condenar al tercero citado. El Superior Tribunal de Justicia confirmó el rechazo del recurso, con fundamento en la inadmisibilidad de introducir pretensiones distintas a las deducidas en la litis y en la validez del análisis probatorio del a-quo.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
CF-17564/2021
Recurso de inconstitucionalidad Responsabilidad del estado Mala praxis Falta de servicio Desistimiento Tercero obligado Congruencia procesal Prueba pericial Costas Danos y perjuicios.

¿Quién es el actor?

Dra. María Florencia del Huerto Flores Andrés en representación de Andrés Valero y de Nilda Piñero, por sí y en representación de S. J. V. (actores).

¿A quién se demanda?

Estado Provincial y tercero citado Compañía Minera El Aguilar S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios por atención médica (mala praxis / falta de servicio) vinculada al embarazo y puerperio de M. V.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad; se impusieron las costas por el orden causado y se difirió la regulación de honorarios. Votaron los Dres. Altamirano, Jenefes y Otaola (adhieren Jenefes y Otaola).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En primer lugar, cabe recordar que la excepcionalidad del recurso de inconstitucionalidad impone una aplicación de él en extremo restrictiva. Es así que este Superior Tribunal de Justicia viene sosteniendo que el vicio de la arbitrariedad, que alcance para descalificar el fallo, debe ser grave y tiene que probarse, y no cabe respecto de sentencias meramente erróneas o que contengan una equivocación cualquiera, si no padecen de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que lo descalifiquen como acto judicial (cfr. L.A. Nº 38, Fº 1390/1393, Nº 534); circunstancia que no se configura en el caso bajo estudio, ya que los fundamentos que sustentan la solución adoptada encuentran apoyo tanto en la prueba colectada, como en el derecho aplicable, sin que los agravios planteados permitan observar la absurdidad esgrimida al no haber lesión a norma, derecho o garantía constitucional."

"Ello por cuanto, de la ampliación de la demanda (fs. 20/26) surge que la acción se dirigió en contra del Estado Provincial fundada pura y exclusivamente en la invocación de una inadecuada atención médica recibida por la víctima en el Hospital Pablo Soria, luego de ser derivada del Hospital El Aguilar; cuestión que mereció debido tratamiento por el a-quo sin que lo resuelto al respecto fuera objeto de impugnación. Sin embargo, ante la obtención de una resolución adversa, el recurrente pretende introducir en esta instancia superior una estrategia novedosa orientada nuevamente a comprometer la responsabilidad estatal por falta de servicio, pero modificando los términos de la pretensión tal como fue deducida y quedó trabada la litis; lo que se encuentra vedado por imperio del principio de congruencia, el derecho de igualdad y las garantías del debido proceso y defensa en juicio que se verían afectadas en caso de admitirse el planteo, dado que el Estado ejerció su defensa ajustándose a los hechos que integraron el cuadro fáctico a analizar."

"Por ello resultan correctos los fundamentos brindados por el a-quo para resolver en sentido adverso a la procedencia de la demanda en contra del tercero citado; a lo que cabe agregar que, si bien es cierto que éste tuvo una regular intervención a lo largo del proceso principal, se entiende que su defensa se limitó a repeler una eventual condena en caso de prosperar la acción en contra del Estado Provincial y tuvieran que extenderse los efectos de la sentencia a la Compañía (cfr. art. 82 del Código Procesal Civil). Pero no habiendo acaecido esta última situación, no corresponde endilgar responsabilidad propia y autónoma al tercero citado."

¿Cómo votaron los jueces?

el voto de la Dra. Altamirano expone los fundamentos; los Dres. Jenefes y Otaola adhieren. Bloque dispositvo final acuerda el rechazo del recurso.

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