Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-259/2021 (Cámara de Apelaciones y Control - Vocalía 1), caratulado: C., A. R. G. y M., J. C. p.s.a. Asociación Ilícita en Concurso con los delitos de Peculado (varios hechos) en Concurso I
Los defensores impugnaron la confirmación de la elevación a juicio y solicitaron nulidad y/o sobreseimiento por vicios procesales y privilegios constitucionales. La Sala II Penal rechazó los Recursos de Inconstitucionalidad y confirmó la resolución de la Cámara de Apelaciones, por considerar que no se trata de sentencia definitiva y que no se acreditó agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.
¿Quién es el actor?
Los recurrentes son los Dres. Alejandro Máximo Gloss (Defensor Público Penal), Alberto Miguel Matuk y Héctor Esteban Blesa, en ejercicio de la defensa técnica de C., J. C. M. y C. F. M., respectivamente.
¿A quién se demanda?
Contra la resolución de la Cámara de Apelaciones y Control de fecha 27 de mayo de 2022 (que confirmó la requisitoria fiscal de elevación a juicio ordenada por la Sra. Juez de Control N° 6).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se invocó la nulidad absoluta del requerimiento fiscal de elevación a juicio y, subsidiariamente, sobreseimiento por atipicidad (Art. 379 inc. 2 C.P.P.), y en el caso de J. C. M. se planteó excepción de falta de acción por inmunidad de proceso (privilegio constitucional por su calidad de concejal) y la ilegitimidad de pruebas incorporadas inaudita parte.
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron los Recursos de Inconstitucionalidad interpuestos por los defensores y se confirmó la resolución de la Cámara de Apelaciones y Control del 27/05/2022; se impusieron costas a los recurrentes y se regularon honorarios para los letrados Martínez indicados en la parte resolutiva.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
IV. "Como punto de partida, considero que los recursos no pueden prosperar toda vez que el pronunciamiento atacado no reviste el carácter de sentencia definitiva ni resulta equiparable a tal, requisito este exigido para la procedencia del Recurso de Inconstitucionalidad (conf. Art. 8, Ley 4.346 y su modificatoria).
De manera concordante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación invariablemente ha señalado que las decisiones que admiten o deniegan nulidades o cuya consecuencia solo implica para el imputado la de continuar sometido a proceso criminal, no constituyen sentencia definitiva o equiparable a tal (Fallos: 310:1486, 328:1874, 330:4549, entre muchos otros) ni causan agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (Fallos: 298:408, entre otros)."
5.1.a. "No se encuentra controvertido que J. C. M. fue electo Concejal en tercer término por la Municipalidad de San Pedro de Jujuy en las elecciones generales del 27/10/2017 habiendo asumido en el cargo el 7/12/2017 (cfr. Informes de Secretaría del Tribunal Electoral y del Concejo Deliberante del citado Municipio obrantes a fojas 598/606 vta. y 611, respectivamente).
Ahora bien, con el objeto de contextualizar adecuadamente el aspecto en estudio, cabe reparar que prácticamente la integralidad de las diligencias que dan sustento a la pieza acusatoria fueron practicadas por el Sr. Agente Fiscal –con la intervención del Juez de Control en los casos legalmente previstos al efecto- entre el período comprendido entre el 13/07/2016 y el 16/12/2016 (cfr. fojas 131 y 428), habiendo promovido aquél acción penal contra J. M. el 2/12/2016 y prestado el nombrado declaración indagatoria –formulando su abstención- el 15/12/2016 (v. fojas 318/318 vta. y 409/413).
Resueltos los Incidentes de nulidad promovidos por los Sres. Defensores y las sucesivas instancias recursivas que desembocaron en la resolución de esta Sala Penal registrada en LA PE 4, Nro. 93 y la posterior denegación de la concesión de los Recursos Extraordinario Federal promovidos por aquéllos (cfr. pronunciamientos del 11/07/2019 y 22/10/2019 obrantes a fojas 236/243 vta. y 338/341 respectivamente del Expte. PE-15.376/2019 y su acumulado) y radicada nuevamente la causa en la Fiscalía de origen, el único acto del Fiscal impulsando la investigación lo constituye el decreto del 13/08/2019 (fojas 543/544). En la aludida providencia, el órgano de persecución penal: a) solicitó a la Sra. Juez de Control Nro. 6 Dra. Liliana Pellegrini (por habilitación) que ordenara al Dpto. de Informática y Tecnología del Ministerio Público de la Acusación –en lo sustancial- realizar el análisis y extracción de la información allí consignada en relación a los elementos cautelados, extremo admitido por la Magistrada nombrada el 29/12/2020 (fojas 624/625 vta.); y b) ordenó practicar el Examen Mental obligatorio de los inculpados, que no pudo realizarse por incomparecencia de los mismos conforme los informes agregados a fojas 608/610."
VI. "En virtud de todo lo expuesto, no habiendo demostrado los recurrentes de qué manera la resolución en crisis ha ocasionado la frustración de una garantía constitucional cuya reparación ulterior resultaría imposible, tardía o insuficiente (Fallos 325:2960; Fallos: 344:692) y que requiera una tutela judicial inmediata (Fallos 330:2361), me pronuncio por rechazar los Recursos de Inconstitucionalidad deducidos por el Sr. Defensor Público Penal Dr. Alejandro Máximo Gloss y los Dres. Alberto Miguel Matuk y Héctor Esteban Blesa en ejercicio de la Defensa Técnica de A. R. G. C., J. C. M. y C. F. M. respectivamente y, en su mérito, confirmar la resolución de la Cámara de Apelaciones y Control del 27 de Mayo de 2022.
Las costas de esta instancia deben ser impuestas a los recurrentes en su calidad de vencidos (Art. 102 del C.P.Civil)."
¿Cómo votaron los jueces?
La decisión fue unánime; la Dra. Lamas González expuso el voto que fue adherido por los Dres. del Campo y Otaola. No hubo disidencia.
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