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Cámara de Apelaciones

Amparo: Araujo, Daniela Alejandra c/ Instituto De Vivienda y Urbanismo de Jujuy

La actora promovió acción de amparo contra el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy pidiendo se declare inconstitucional la resolución de desadjudicación y la suspensión de sus efectos. La Cámara rechazó el amparo y dejó sin efecto la medida cautelar concedida en primera instancia por falta de fundamentación y ausencia de arbitrariedad manifiesta en el procedimiento administrativo.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo-Sala II-Vocalía 4 (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo-Sala II-Vocalía 4
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-215818/2023
Amparo Desadjudicacion Vivienda social Ivuj Medida cautelar Arbitrariedad manifiesta Inconstitucionalidad Costas Honorarios Procedimiento administrativo

¿Quién es el actor?

Daniela Alejandra Araujo (DNI 33.253.097).

¿A quién se demanda?

Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) - Estado Provincial.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución Nº 2670-IVUJ-2022 que dejó sin efecto la adjudicación de una vivienda otorgada por Resolución Nº 866-IVUJ-2019; además pidió medida cautelar para suspender la desadjudicación.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la acción de amparo; se dejó sin efecto la medida cautelar concedida por decreto de fecha 23/01/23; se impusieron las costas a la actora; y se regularon honorarios por $72.300 para el apoderado del Estado y $50.610 para la abogada de la actora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Analizadas tales actuaciones, entiendo que se impone el rechazo del planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora, por cuanto el mismo carece de cualquier fundamentación o prueba respecto de los extremos invocados.

La actora se limita solo a mencionar una pretensa afectación de sus derechos constitucionales (de propiedad y a una vivienda digna) por el acto atacado, mas no acredita agravio alguno, lo que justifica el rechazo de su pretensión.

Como lo tiene dicho la CSJN, “la descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que se irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria de los contendientes así como sus planteos argumentales los que deben poner de manifiesto tal situación” (Fallos, 337:179 entre otros)."

"En tal sentido, ha resuelto el Superior Tribunal de Justicia -en forma reiterada- que la acción de amparo es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba, tal como ocurre en el caso de autos.

Con igual norte se ha sentenciado: “El control de la conducta estatal por la vía del amparo es amplio desde el punto de vista subjetivo y material (no hay actos, hechos u omisiones de las autoridades estatales que escapen a dicho control en la medida en que produzcan una lesión constitucional del modo descripto en el art. 43 de la Constitución Nacional y en el artículo Nº 41 de nuestra carta magna provincial) pero limitado en cuanto a que para que proceda el amparo la conducta debe ser manifiestamente contraria a derecho. (L.A. 3 Nº 52). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado que ‘Si la ilegalidad de la conducta no surge de modo manifiesto y en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, ni de un amplio debate y prueba, la vía del amparo no será idónea’ (Fallos, 325:2583). Para ello, no sólo la conducta estatal debe revelarse como manifiestamente contraria a la legitimidad sino que también el agravio al derecho debe ser manifiesto y grave (CSJN, Pcia. de San Luis, 2003, Fallos, 326:417)” [L.A. 3 Nº 121]."

"... conforme la tradicional doctrina sentada por los casos Siri y Kot, el amparo procede siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales. De tal modo el amparo resulta procedente ante una acción u omisión de la autoridad pública que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ciertos derechos constitucionales. Porque ello es así, la arbitrariedad o ilegitimidad que habilita la excepcional vía del amparo debe evidenciarse con toda claridad, sin que sea menester producir pruebas ni profundizar en el análisis de modo o con alcance incompatible con la naturaleza y características de este abreviado procedimiento. En igual sentido el derecho constitucional que se dice vulnerado debe ser “incontestable, traslúcido, evidente, admisible de plano y sin necesidad de mayor análisis ni de controversia” (cfr.: Adolfo Armando Rivas, “El Amparo”, Editorial La Roca, Bs. As., Año 1.987, pág. 53)."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Fernando Raúl Pedicone expuso el voto principal con los fundamentos anteriores; el Dr. Sebastián Damiano adhirió expresamente, por lo que la decisión es unánime.

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