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Cámara de Apelaciones

Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Calatayu Ivana Marcela c/ Estado Provincial

La actora promovió acción contencioso administrativa solicitando dejar sin efecto el Decreto Nº 5457-E-2022 y declarar prescrita la potestad sancionatoria estatal. La Sala I del Tribunal en lo Contencioso Administrativo rechazó la demanda por entender que no quedó acreditada la prescripción ni la vulneración de derechos constitucionales invocados y que la Administración sólo dispuso la apertura de una investigación.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo-Sala I-Vocalía 1 (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo-Sala I-Vocalía 1
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-205416/2022
Contencioso administrativo Prescripcion potestad sancionatoria Decreto provincial 5457-e-2022 Sumario administrativo Rechazo de demanda Costas Honorarios Ministerio de educacion Ies n?9 juana azurduy Oficio jurisdiccional

¿Quién es el actor?

Dr. Venancio Teodoro Llanes, en representación de Ivana Marcela Calatayu (actora).

¿A quién se demanda?

Estado Provincial (Ministerio de Educación / Gobernador).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Petición para que se deje sin efecto el Decreto Nº 5457-E-2022 y se declare prescrita la potestad sancionatoria del Estado, ordenando el archivo de las actuaciones administrativas vinculadas a la instrucción de sumario por presuntas irregularidades en la confección del título del Sr. Jorge Rodrigo Roca.

¿Qué se resolvió?

Rechazar la demanda; imponer las costas a la actora vencida y regular honorarios de Fiscalía de Estado y del Dr. Llanes en $101.400,00 para cada uno, con intereses y eventual IVA.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De la simple lectura de la presentación inicial de la accionante que inaugura esta instancia, surge que en ella se omite toda referencia concreta a los derechos y garantías de jerarquía constitucional que se afirman vulnerados. Deviene manifiestamente insuficiente la despojada alusión a supuestos agravios cuando, coetáneamente, no se señalan los extremos que demuestran su atinencia al caso (L.A. Nº 27 Nº 110; L.A. Nº 43 Nº 158, entre otros)."

"En relación a la prescripción de la facultad disciplinaria alegada por la actora, no resulta atendible en tanto, por una parte cabe resaltar que en fecha 25/07/19 las autoridades del Instituto Superior denuncian las presuntas irregularidades al Ministerio de Educación, con lo que se inician las actuaciones, dando como resultado la Resolución Ministerial de fecha 27/12/19 ordenando la instrucción de sumario administrativo, lo que surge de las actuaciones administrativas Nº 200-25-2020, acompañadas por la demandada en formato pdf. Por otra parte, en el acto resolutivo no se aplica sanción administrativa alguna, la Administración, en ejercicio de sus facultades y potestades, sólo dispone la apertura de una investigación a los fines de determinar los hechos que importen transgresiones a los deberes de la función, su gravedad, y en definitiva la atribución de responsabilidad a quien corresponda."

"En consecuencia, en mérito de lo expresado precedentemente, corresponde rechazar la demanda articulada por Ivana Marcela Calatayu en contra del Estado Provincial."

Asimismo, el Tribunal fundamentó la imposición de costas y la regulación de honorarios en aplicación del artículo 110 del Código Contencioso Administrativo y la ley provincial Nº 6112/18, calculando los honorarios en $101.400,00 para cada profesional, con el detalle del cálculo en base al 6% del SMVM y 20 UMA conforme Resolución Nº 5/2023.

¿Cómo votaron los jueces?

La Dra. Ruth Alicia Fernández expuso y fundamentó ampliamente el rechazo; el Dr. David Jorge Casas adhirió en idéntico sentido. El bloque dispositivo final consigna el resultado mayoritario arriba transcripto.

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