Daños y Perjuicios: Bustos Emilio Javier - García Ana Marisa c/ Estado Provincial
Los actores demandaron al Estado Provincial por daños y perjuicios por la inmovilización de plazos fijos tras una inhibición general de bienes. La Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda por ausencia de relación causal y factor de atribución, señalando que los actores omitieron solicitar al juez la renovación o modalidad de los plazos y que la medida fue ordenada por juez competente.
¿Quién es el actor?
Emilio Javier Bustos y Ana Marisa García, patrocinados por el Dr. Mario Rodolfo Alejandro Mallagray.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial (representado por la Fiscalía de Estado).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Pago de $389.713,69 (capital de tres plazos fijos) más intereses capitalizados desde sus respectivos vencimientos por la inmovilización de esos fondos como consecuencia de una Inhibición General de Bienes ordenada en causa penal.
¿Qué se resolvió?
Rechazo de la demanda; imposición de costas a los actores; diferimiento de la regulación de honorarios profesionales.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Corresponde también destacar que la Sra. Ana Marisa García es ajena a la causa penal mencionada, y por otra parte los fondos depositados se encuentran indisponibles, quedando el dinero depositado en el Banco Macro S.A. sin reportar beneficio económico alguno, motivo por el cual ambos actores no pudieron realizar una inversión útil en su beneficio, ocurriendo por esta vía judicial ordinaria."
"Queda claro con ello que la medida judicial ordenada -inhibición general de bienes- impide genéricamente gravar o enajenar bienes registrables, con ella se evita actos de disposición. No se trata de una medida contra la persona, sino simplemente una limitación a la facultad de disponer libremente de determinada categoría de bienes."
"En el caso que nos ocupa, librada entonces la orden por Juez competente, ni Bustos ni su letrado hacen saber al Magistrado de la cotitularidad del plazo fijo con la Sra. Ana Marisa García, quien no estaba involucrada en el proceso penal. Tampoco Bustos ni su letrado solicitan al Magistrado actuante -al menos no se acredita ni se ofrece acreditar- para que se ordene al Banco Macro S.A. la modalidad de renovación de los plazos fijos hasta la oportunidad de disponerse el levantamiento de la medida inhibitoria, lo que no se hizo."
"En estas condiciones, considero no se encuentran reunidos en autos los presupuestos antes mencionados -relación causal ni factor de atribución- para determinar la responsabilidad del Estado por la inmovilización de bienes (plazos fijos) de titularidad de los accionantes. Antes bien, ellos mismos, como titulares de los montos depositados, tenían la posibilidad cierta y concreta de solicitar al Juez competente ordene a la entidad crediticia la renovación de los plazos fijos hasta tanto se disponga el levantamiento de la medida, lo que, en definitiva nunca sucedió."
Además, el voto de adhesión del Dr. David Jorge Casas se expresó "en idéntico sentido" al primer voto, por lo que la solución mayoritaria es la aquí reseñada.
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Normas que cita
- Ley 5.238 (Jujuy)
- CCyCNart. 1716 · Codigo civil y comercial de la nacion
- CPCCN (Jujuy)art. 102
Fallos que cita
- Bustos Emilio Javier - García Ana Marisa c/ Estado ProvincialTribunal en lo Contencioso Administrativo de Jujuy, Sala I
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