ENFERMEDAD/ACCIDENTE DE TRABAJO: ROMÁN, DAVID HECTOR c/ PROVINCIA ART S.A
El actor promovió demanda por enfermedad laboral contra Provincia ART S.A. solicitando prestaciones dinerarias por incapacidad derivada de su trabajo como embolsador en Ledesma S.A.A.I. La Cámara del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 (y normas reglamentarias) y hizo lugar a la demanda condenando a la aseguradora al pago de $5.875.433,49 por incapacidad permanente del 28%, con regulación de honorarios y costas a cargo de la demandada.
¿Quién es el actor?
David Héctor Román, representado por el Dr. Carlos Ariel Meyer.
¿A quién se demanda?
Provincia ART S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Prestaciones dinerarias por enfermedad profesional / incapacidad permanente derivada de las tareas desempeñadas como embolsador y fraccionador en Ledesma S.A.A.I.; se solicitó además declaración de inconstitucionalidad del inc. 2 b) del art. 6 y cuestionamiento de la vía administrativa previa (arts. 6, 8, 21, 22 y 46 L.R.T. y decretos reglamentarios).
¿Qué se resolvió?
Se declaró la inconstitucionalidad para el caso de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 (y normas reglamentarias en materia de competencia), se hizo lugar a la demanda y se condenó a Provincia ART S.A. al pago de $5.875.433,49; se regularon honorarios (Dr. Meyer $1.175.087; Dr. Insausti $822.560) y peritos ($164.512 cada uno); costas a la demandada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
(se transcriben los párrafos más relevantes tal como figuran en la sentencia)
"Como es sabido por todos los operadores jurídicos vinculados al fuero del trabajo, la ley 24.557 ha merecido numerosas declaraciones de inconstitucionalidad. Por ello, no es necesario profundizar sobre los argumentos que dan apoyo a la constitucionalidad o no de algunas de sus disposiciones, en concreto sobre los arts. 21, 22 y 46 (comisiones médicas y competencia judicial). Este articulado fue ya analizado por el Máximo Tribunal nacional y, por los sobrados fundamentos aportados, corresponde que sean declarados inconstitucionales en el sub lite.
En el sentido expuesto, el Tribunal del Trabajo de la Provincia de Jujuy es competente en razón de lo resuelto en las causas “Castillo”, “Obregón”, “Venialgo” y “Marchetti” por la C.S.J.N. Es importante enfatizar en la competencia del Tribunal del Trabajo con el aporte brindado por la doctrina especializada. Se ha dicho: “La inconstitucionalidad directa y absoluta, en cambio, está claramente manifestada en el artículo 21 –como también en el apartado 3 del artículo 8º que, aunque parcialmente, anticipa una de las funciones de la comisión médica- cuando atribuye a un organismo de orden federal –en la calificación de la Corte Suprema- funciones propias de los gobiernos provinciales” (Ackerman, Mario E., “Ley de Riesgos del Trabajo Comentada y Concordada”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2013, pág. 347).
Es así que los arts. 21, 22 y 46 de la L.R.T., en un claro apartamiento a las disposiciones constitucionales (art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional), sustraen la materia que se discute en este pleito de la justicia ordinaria, lo cual no puede ser admitido, máxime a la luz de lo previsto en el art. 145 inc. 2º y 149 inc. 1º de la Constitución Provincial. Además, se debe tener en cuenta que no se trata de un asunto de derecho de fondo, sino de una cuestión de competencia material improrrogable e indelegable."
Además, sobre la prueba y grado de incapacidad el tribunal sostuvo (traducción literal de párrafo relevante):
"Con estos elementos concluyó que el demandante es portador de una incapacidad del 28% de la T.O., parcial permanente y definitiva, por lumbociatalgia con limitaciones funcionales (15%) e hipoacusia (11,67%), incluidos los factores de ponderación (fs. 124). El dictamen fue objetado por la aseguradora. ... El dictamen fue objetado por la aseguradora. ... En su mérito, se procede a nombrar peritos (art. 80 C.P.T.) y la fuerza probatoria del dictamen debe ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica racional (art. 17 C.P.T.) y demás elementos de convicción de la causa. Así, la conclusión de los peritos se muestra fáctica y científicamente fundada en este punto para tener por cierta la incapacidad que padece el actor por su desempeño en el trabajo, sin que existan otros elementos que indiquen lo contrario."
(Votos: el Dr. Ontiveros expone los fundamentos y propone; los Dres. Galíndez y Rodríguez adhieren al voto del Presidente; no hay disidencias.)
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
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