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Tribunal Superior

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-234.042/2010 (Tribunal del Trabajo - Sala I – Vocalía 3) “Laboral por accidente de trabajo: ESPER CAMU TANIA NATACHA C/ MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJU

La recurrente cuestionó la regulación de honorarios y la aplicación de la Ley 6112 en un proceso laboral por accidente de trabajo iniciado en 2010. La Sala IV Laboral del Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad, confirmó la sentencia del Tribunal del Trabajo del 8/2/2022 y ratificó la regulación de costas y honorarios conforme la Ley 6112.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala IV-Vocalía 8 (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala IV-Vocalía 8
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
LA-18456/2022
Recurso de inconstitucionalidad Ley 6112 Honorarios Costas Arbitrariedad Ultraactividad Beneficio de justicia gratuito Proceso laboral Accidente de trabajo Regulacion de honorarios ($204.716 $143.301).

¿Quién es el actor?

Tania Natacha Esper Camu, representada por la Dra. Claudia Gabriela Citro.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de San Salvador de Jujuy y Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Proceso laboral por accidente de trabajo (pretensión de condena; en los autos principales hubo regulación de honorarios diferidos por sentencia de condena).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de la Sala III del Tribunal del Trabajo de fecha 8/2/2022 y su aclaratoria del 15/3/2022; se impusieron las costas a la recurrente; se regularon honorarios a favor del Dr. Eduardo Martín Rodríguez Brabo por $204.716 y a favor de la Dra. Claudia Gabriela Citro por $143.301; no se regulan honorarios al Dr. Maximiliano R.D. Quispe por no haber contestado el traslado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"la arbitrariedad es de carácter excepcional y no tiene por objeto corregir fallos meramente equivocados, sino aquellos en los que la deficiencia lógica del razonamiento o la total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el decisorio como una sentencia fundada en ley, a la que aluden los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 311:786, 312:246, entre otros)."

"En tal sentido, el planteo recursivo referido a la omisión del a quo de aplicar el beneficio de justicia gratuito previsto por el artículo 2º la Ley 5251, resulta impertinente debido a que el ámbito de aplicación contemplado por el artículo 2º de la citada normativa se circunscribe a todos aquellos juicios iniciados por empleados del Estado (Provincial o Municipal) y sus derechohabientes en el que se reclamen el pago de haberes, reajustes o diferencias o peticionar readecuaciones salariales o de categorías.

Acorde a ello, al quedar excluidos de su aplicación legal la clase de procesos laborales como el presente, el agravio expuesto por la recurrente es inatendible, siendo inaplicables a la especie los precedentes judiciales transcriptos en la pieza recursiva."

"Tampoco procede el planteo referido a la ultraactividad de las leyes y la omisión del Tribunal de grado de aplicar la normativa arancelaria vigente al momento de interponer la demanda, toda vez que el artículo 65 de la ley 6112 prevee expresamente que “las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a todos los procesos en curso en los que no haya regulación firme de honorarios al tiempo de la sentencia”, dispositivo legal no cuestionado por la agraviada en ninguna instancia."

"Por las razones expuestas, la regulación de los estipendios profesionales realizados por el a quo en la sentencia en crisis se encuentra debidamente fundada y han sido calculados en conformidad con las pautas dispuestas por la ley de aranceles vigente, acorde a las particularidades de la presente litis (artículos 15, 17, 20, 23, 28 y 40 de la Ley 6112)."

¿Cómo votaron los jueces?

Sentencia unánime; los Dres. Meyer, Bernal y Otaola adhieren al voto del Dr. Meyer. No hay disidencia registrada.

Fechas y montos relevantes: Sentencia apelada del Tribunal del Trabajo: 8/2/2022; aclaratoria: 15/3/2022. Registro en STJ: 11-05-2023, Expte. LA-18.456/22, Registro Nº 296-2023. Honorarios regulados en este recurso: $204.716 (Dr. Eduardo M. R. Brabo) y $143.301 (Dra. Claudia G. Citro). Monto estimativo originario en autos principales: $912.920 (actualizado a $3.950.000) utilizado por el a quo en la regulación inicial.

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