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Tribunal Superior

MIRI ROBERTO H. Y OTRO EN J: CESPEDES VIDELA PABLO GUILLERMO P/ SUCESION - INCONSTITUCIONALIDAD - CASACION

El profesional impugnó la aplicación de la reglamentación arancelaria invocando inconstitucionalidad por lesión a la garantía de la propiedad sobre sus honorarios. El Tribunal rechazo el agravio por inconstitucionalidad y sostuvo que las discrepancias interpretativas sobre la pauta arancelaria son cuestión propia del recurso de casación, no de control constitucional genérico.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
36917
Honorarios Regulacion de honorarios Interpretacion normativa Inconstitucionalidad Proporcionalidad Recurso de casacion Razonabilidad Derecho patrimonial Pauta arancelaria Garantia de la propiedad

¿Quién es el actor?

Profesional (abogado/profesional que reclama regulación de honorarios).

¿A quién se demanda?

Tribunal de grado/Juzgador que aplicó la pauta arancelaria (parte contraria en la regulación de honorarios).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la regulación de honorarios y se plantea inconstitucionalidad de la norma arancelaria por lesión a la garantía de la propiedad; se discute el monto sobre el cual debe practicarse la regulación.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el agravio de inconstitucionalidad respecto de la pauta arancelaria; se consideró que la discrepancia consiste en diferente interpretación de normas arancelarias y corresponde revisión por casación, y no extender la garantía constitucional a la mera discrepancia con el criterio regulatorio del juez.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Sólo es lícito esgrimir el agravio de inconstitucionalidad, cuando se impugna la norma arancelaria misma, como repugnante a la garantía de la propiedad y ello puede ocurrir, como lo tiene resuelto esta Corte, cuando el precepto carece de razonabilidad, por la notoria falta de proporción, con los valores litigados."

"Cuando la ley arancelaria fija un determinado monto sobre el cual debe practicarse la regulación, el derecho a cobrar los trabajos profesionales, queda amparado por la ley, más no puede extenderse la garantía constitucional, a la discrepancia que pudiera existir entre el criterio regulatorio adoptado por el Tribunal y el propuesto por el profesional, disconforme con la pauta arancelaria que aplica el juzgador."

"Si la resolución no afecta el derecho patrimonial que surge del contrato de prestación de servicios profesionales, ya que lo que se discute es el más o menos que podría resultar según se interpreten las normas arancelarias que determinan el monto sobre el cual debe practicarse la regulación, y esta discrepancia surge de un distinto criterio interpretativo del derecho aplicable al caso, caemos siempre en materia de revisión propia del recurso de casación."

(No surge del texto voto en disidencia relevante.)

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