OLMEDO CARLOS ZOILO EN J: OLMEDO CARLOS ZOILO C/ ENRIQUE MARIAS Y CASETTI S.R.L. P/ ORDINARIO - CASACION
Recurso de casación contra resolución en materia laboral que discute valoración probatoria y carga de la prueba sobre el monto de la remuneración. El Tribunal restringe el control sobre la libre convicción del tribunal de juicio, delimita el concepto de “sentencia absurda” y confirma la primacía de los arts. 55 y 56 de la LCT en materia probatoria procesal.
¿Quién es el actor?
No surge del texto disponible.
¿A quién se demanda?
No surge del texto disponible.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Controversia laboral vinculada a valoración de prueba y monto de la remuneración; impugnación mediante recurso de casación por supuesta incorrecta apreciación probatoria y otros agravios (según el contexto del texto).
¿Qué se resolvió?
El texto expone criterios de admisibilidad y control de la casación en materia probatoria laboral: reafirma la soberanía del tribunal de juicio en el sistema de libres convicciones, acota el alcance del vicio de “sentencia absurda” para habilitar casación, declara que los arts. 55 y 56 de la LCT prevalecen frente a normas adjetivas locales por orden de prelación, y señala la regla sobre la carga de la prueba en controversias sobre monto de la remuneración (art. 59 LCT invertido conforme arts. 55 y 56). No consta en el extracto la solución procesal concreta (confirmación o revocación de la resolución recurrida).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Mediante el sistema de las libres convicciones el tribunal de juicio aprecia libre y prudencialmente la eficacia de los medios de prueba. En este punto el mismo es soberano y la casación no puede controlar el acierto o desacierto de su juicio mientras ese material probatorio aparezca enunciado en forma concreta en la sentencia, y esté constituída por elementos legalmente admisibles examinados con arreglo a la ley procesal."
"Para que se considere absurdo el pronunciamiento que rechaza la demanda por falta de prueba si la hay, el respectivo elemento de convicción debe estar ciertamente incorporado, aunque sea por vía de interpretación integrativa, en la motivación de la resolución judicial recurrida. En otras palabras, sólo es absurdo el fallo que luego de asumir y merituar una probanza concluye ilógicamente en el rechazo de la pretensión deducida por falta de prueba."
"Pese al carácter procesal que revisten los arts. 55 y 56 de la L.C.T., los mismos han dejado sin efecto ni valor alguno las disposiciones de derecho adjetivo local invocadas por el recurrente como consecuencia del orden de prelación de las fuentes normativas que la Constitución Nacional ha establecido en su art. 31, y en mérito a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha declarado que las facultades de las provincias para legislar en materia procesal deben ser atendidas sin perjuicio de las normas de este carácter que puede dictar el Congreso con el fin de asegurar la efectividad del ejercicio de los derechos consagrados por la legislación de fondo."
"El agravio motivado por la circunstancia de no haber aplicado los juzgadores la doctrina de determinado autor carece de entidad, en razón de que el recurso extraordinario de casación se acuerda por violación, omisión o errónea aplicación e interpretación de la ley o doctrina legal, y no se entiende por doctrina legal la opinión de los autores por respetable que ésta sea."
"El vicio de absurdidad para abrir la vía extraordinaria de la casación siempre se debe revelar como una violación a los principios lógicos del pensamiento judicial dentro del contexto fáctico y probatorio del respectivo pronunciamiento. De esta manera se puede distinguir la sentencia absurda de la que arbitrariamente omite la asunción de prueba decisiva,en cuyo supuesto se configura un desconocimiento de la garantía constitucional de la defensa en juicio que abre la vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad."
"De conformidad a las cláusulas legales (arts. 55 y 56 L.C.T.) mediando controversias sobre el monto de la remuneración se juega ya la inversión del onus probandi establecido originariamente por el art. 59 de la L.C.T. aprobada por la ley 20.744 en contra del empleador, sino que la distribución de la carga de la prueba se debe practicar en función del principio clásico de quien afirma un monto superior al salario mínimo vital o mínimo profesional deberá probarlos."
¿Cómo votaron los jueces?
No aparecen votos en disidencia en el texto suministrado.
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Leyes que cita
- Ley 20.744Ley de contrato de trabajo
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