LOMORO DE FIGUEREDO FRANCISCA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y/O PATRONATO DE LIBERADOS Y PROCESADOS P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
El recurrente impugna actos administrativos de entes centralizados y descentralizados cuestionando la competencia y alcance de los recursos jerárquico y de alzada. El tribunal sostuvo que el recurso jerárquico permite al superior conocer tanto de la regularidad como del mérito del acto, mientras que el recurso de alzada contra entidades descentralizadas sólo controla la legitimidad y no puede reformar el acto.
¿Quién es el actor?
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¿A quién se demanda?
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¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de resoluciones administrativas poniendo en cuestión la procedencia y alcance del recurso jerárquico y del recurso de alzada; asimismo, cuestionamiento de la validez del organigrama del ente descentralizado y la posible lesión de derechos subjetivos.
¿Qué se resolvió?
Se establecieron reglas de derecho aplicables: el recurso jerárquico, cuando procede, faculta al superior para revisar mérito y legalidad de actos de la administración centralizada; el recurso de alzada frente a entes descentralizados sólo permite el control de legitimidad; la resolución del ente descentralizado es definitiva y el decreto que resuelve el recurso de alzada hace cosa juzgada administrativa; la impugnación del organigrama sólo resulta relevante si se demuestra lesión de un derecho subjetivo; para demandar procede dirigir la acción contra la resolución definitiva y haber ejercitado previamente el control de legitimidad cuando corresponda (arts. 5 y 8 ley 3.918).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El recurso jerárquico se ejercita contra las resoluciones de órganos pertenecientes a la administración centralizada y su interposición abre la competencia del superior para conocer no sólo de la regularidad sino también del mérito del acto recurrido. De tal manera, al pronunciarse sobre el recurso se podrá anular, confirmar o modificar la resolución impugnada."
"El recurso de alzada, sólo procede contra decisiones de las entidades descentralizadas y no tiene otro objeto que el control de la legitimidad, de manera tal que el Poder Ejecutivo podrá revocar por ilegitimidad la declaración, pero no modificarla, reformarla o sustituirla."
"La resolución del ente descentralizado es definitiva puesto que resuelve en última instancia administrativa el fondo de la cuestión, en tanto que el decreto que se pronuncia sobre el recurso de alzada causa estado, con lo cual se reúnen los dos requisitos exigidos por la ley 3.918 artículo 5."
"El ente descentralizado tiene facultades para articular su organigrama en la forma que estime conveniente; si al obrar de tal manera lesiona un derecho subjetivo producirá un acto inválido, pero sólo en lo referente a lesión de ese derecho. En consecuencia, la impugnación aisladamente considerada, nada significa; si la actora demuestra que se ha afectado su derecho subjetivo, le corresponderá la categoría que pretende sin necesidad de alterar el organigrama; si no lo demuestra, la objeción cae por falta de interés jurídico."
"En consideración a lo dispuesto por el art. 8 de la ley 3.918, resulta clara que la acción procesal administrativa debe dirigirse contra la resolución definitiva, esto es, la emanada del ente descentralizado, pero para su procedencia formal debe haberse ejercitado respecto de ella el control de legitimidad en los casos que corresponda."
¿Cómo votaron los jueces?
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